Los nacionalistas se marcan como objetivo la reforma del Constitucional

Los 50 parlamentarios de los partidos nacionalistas -CiU, el PNV y el BNG- que suscribieron en julio de 1998 la Declaración de Barcelona anunciaron ayer en el Senado que próximamente promoverán algunas iniciativas políticas. Entre ellas, destacaron la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional para que la Administración central no esté en ventaja respecto a las comunidades autonómicas y la exigencia al Gobierno de que, con motivo del Año Europeo de las Lenguas, defienda ante la UE los cuatro idiomas que se hablan en España, no sólo el castellano.

Los partidos firmantes de la Declaración de Barcelona se reunieron por vez primera en las Cortes, concretamente en el Senado, desde su la rúbrica de este documento en julio de 1998.Fue un acto con una gran carga simbólica y en el que todos sus parlamentarios -50 entre diputados, senadores y europarlamentarios- ofrecieron su voluntad de continuidad pese al obstáculo que les plantea la mayoría absoluta del PP, que puede bloquear sus iniciativas.

Ése fue el mensaje principal que ofreció Pere Esteve, europarlamentario, secretario general de CiU y ayer portavoz de la Declaración de Barcelona. El del PNV, Iñaki Anasagasti, fue más tajante y advirtió: "La mayoría absoluta del PP en las Cámaras es una máquina apisonadora, pero nos vamos a ocupar de que esa mayoría se la gane cada día con debates que interesan a la mayoría de la sociedad". La actitud defensiva la expresó igualmente Francisco Rodríguez, diputado del BNG, que aseguró que los nacionalismos que representan son "a prueba de bomba".

En busca del equilibrio

Anasagasti anunció próximas iniciativas. La de más calado es la reforma del Tribunal Constitucional. Según explicó el portavoz peneuvista en el Senado, Joseba Zubia, se trata de garantizar una mayor participación de las comunidades autónomas en la elección de sus miembros, así como de equilibrar su poder con el de la Administración central.

Zubia recordó que, con la legislación vigente, si el Estado la recurre, cualquier norma autonómica queda automáticamente paralizada. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando son las autonomías las que recurren una norma estatal.

Los firmantes de la Declaración de Barcelona no quisieron comprometer un plazo para la presentación de esta iniciativa, dada la mayoría absoluta del PP. "Elegiremos el momento oportuno", apuntó Zubia.

También aprovecharon su comparecencia para adoptar un tono defensivo. "No somos un frente contra nadie" o "ninguno de los problemas graves que tiene España desde un punto de vista económico, social o cultural tiene como causa el nacionalismo", alegaron.

El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, destacó como un "hecho positivo" que la Declaración de Barcelona se haya presentado en las Cortes y reclamó al Gobierno que lo valore.