El juez imputa a la patronal autonómica en el caso por el uso irregular de los fondos de formación

El juez encargado de investigar el posible uso irregular de fondos de formación por parte de la patronal valenciana ha extendido la imputación que pesa sobre la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev) a la Cierval, la organización de ámbito autonómico. La decisión de Francisco Barber, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, ha sido tomada a petición del fiscal anticorrupción encargado del caso, Vicente González. El representante del ministerio público ha solicitado a Cierval diversa documentación (principalmente, libros de contabilidad) para intentar determinar el destino que CEV y Cepymev dieron a cerca de 200 millones que debieron ser utilizados en la mejora de la formación de cientos de trabajadores.

Y como aclara el juez en su decisión, en el marco de una investigación judicial no se puede requerir documentación de una entidad contra la que no se dirige acusación cautelar alguna. Barber solicita la mencionada contabilidad "a los efectos de determinar" el destino "de los fondos Forcem relativos a los años 1993,1994 y 1995 y a los fondos de la Generalitat Valenciana de los años 1994 y 1995 cuyos destinatarios finales eran CEV y Cepymev".

Es decir, la finalidad del magistrado es conocer con exactitud qué fondos públicos recibidos por Cierval para formación fueron finalmente utilizados por las otras dos entidades de la patronal, las directamente encargadas de organizar los cursos.

De hecho, la investigación de Barber y González persigue esclarecer el destino final de cerca de 200 millones de pesetas que, procedentes de la Administración central o la autonómica, pudieron ser utilizados de manera fraudulenta. El Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza el manejo del dinero público, concluyó en octubre de 1998 que la CEV había empleado o justificado indebidamente gran parte de los recursos que gestionó en el terreno de la formación.

Ahora, la investigación de carácter penal iniciada a instancia de ese tribunal (que trasladó su informe a la Fiscalía Anticorrupción) está centrada en rastrear el uso de los fondos de formación. Para completar esa labor, el juez ha designado a un inspector de Hacienda, Joaquín Falomir, cuya primera solicitud ha sido amplia: pide tanto la contabilidad de CEV y Cepymev como la de Cierval.

Varios abogados de los imputados en el caso -además de las tres organizaciones, cinco ex altos cargos de la patronal- se han opuesto tanto a la imputación de Cierval como a la petición de su documentación. Los letrados entienden que la contabilidad de una organización sin responsabilidad directa en la gestión de los fondos de formación no aporta nada a la investigación.