Expedientada una entidad de adopción que acumula 366 peticiones de niños

El Departamento de Justicia de la Generalitat ha expedientado a la entidad de adopción internacional Fundación Addia a causa de su demora en asignar a las familias catalanas niños procedentes de Colombia, Bolivia y México. El expediente podría concluir con la prohibición expresa de que la entidad siga trabajando en estos países, como ya ocurrió unos meses, con niños procedentes de Brasil, un país en el que operaba de manera exclusiva. Justicia asegura que Addia acumula 366 peticiones de niños pendientes de resolver.

La Fundación Asociación en Defensa del Derecho de la Infancia (Addia) es una de las siete Entidadades de Colaboración de Adopción Internacional en las que el Departamento de Justicia delega los trámites que han de realizar las familias para que se les asigne un niño. Una misma entidad puede tener autorización para operar en varios países, como el caso de Addia, la primera organización de este tipo que reconoció la Generalitat en 1997 y que preside un padre adoptivo, Raimon Casanellas. En los últimos meses Addia ha ampliado su radio de acctuación a otras seis comunidades autónomas: Madrid, Navarra, Baleares, Valencia, Aragón y Castilla y León. Un portavoz de Justicia explicó ayer que Addia ha sido expedientada después de haber recibido en los últimos meses numerosas quejas de padres que esperan la asignación de un niño y que se sienten absolutamente desatendidos. El tiempo de espera para la concesión de un niño desde que se solicita suele ser de entre 12 y 18 meses, aunque puede variar en función del país de procedencia del niño y de la entidad que actúa de mediadora.

Las mismas fuentes de Justicia explicaron que los trabajadores de Addia no cobran desde hace cinco meses, por lo que han decidido no seguir trabajando en esas condiciones. Una situación similar ocurre, según la Generalitat, con los llamados corresponsales, las personas que tiene delegadas la entidad en cada país y que concretan los trámites de la adopción con los respectivos gobiernos y autoridades judiciales.

Este diario intentó ayer sin éxito contactar con los responsables de Addia. En la sede de la asociación un contestador indicaba que la entidad sólo trabajaba de día. Cuando el Departamento de Justicia expedientó a la entidad por su retraso en la asignación de niños de Brasil los responsables de Addia responsabilizaron a la Generalitat de la larga espera que debían soportar los padres adoptivos.

Justicia explicó ayer que Addia acumula un total de 264 peticiones de familias para una adopción internacional en Colombia, Bolivia y México y 102 en Brasil. Según la Generalitat, Addia sólo ha asignado dos niños de Brasil en el plazo de tres años. Los responsables de la entidad consideran, por el contrario, que esta demora se debía a la lentitud de ese país en ratificar el Convenio de la Haya, que no se produjo hasta el pasado verano.

La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, explicó ayer a la agencia Efe que la Generalitat emplazará a Addia a cambiar su dirección y patronato como el "paso más fácil y rápido" para resolver los expedientes que tiene pendientes. La propuesta será formulada mañana jueves durante un encuentro que mantendrán representantes de la entidad y de la Generalitat para salir de la "situación límite" en la que se halla. En ese encuentro, aseguró De Gispert, se deberá concretar si Addia "reconduce la situación" con nuevos responsables o si la Generalitat "coge las riendas".

Ayuda económica

La consejera explicó que la Generalitat está dispuesta a ayudar económicamente al nuevo equipo de Addia para que "las familias que han confiado en ella y han pagado por los trámites de adopción puedan continuar con ellos sin coste adicional".

El expediente abierto ahora a Addia podría concluir con la prohibición expresa de que siga operando en Colombia, Bolivia y México, como ya ocurrió con Brasil. Los 102 expedientes que quedaron pendientes en ese caso fueron asignados, en su mayoría, a otra entidad, mientras que, en el caso de 32 familias, la Generalitat les aconsejó que optasen por otra asociación.