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Una década aferrado al poder, una década de control del poder

El presidente peruano, Alberto Fujimori, se dispone a enfrentar una batalla por su estabilidad y legitimidad políticas, que, según los observadores, podría comprometer los dos primeros años del mandato que puede recibir en estas elecciones de un solo candidato: él. El tercer periodo de Fujimori, de confirmarse, se iniciaría, así, con características distintas a los inicios de sus dos anteriores gobiernos. En 1990, Fujimori recibió el respaldo de los peruanos siendo prácticamente un desconocido. Se trató de un voto en contra de uno de los peruanos más ilustres, Mario Vargas Llosa, quien fue castigado por el electorado por haber dado a conocer, con total transparencia, lo que significaría su gobierno. Vargas Llosa pedía un mandato claro que le permitiera realizar un ajuste económico. Al final, Fujimori aplicó el llamado shock económico, que le permitió acabar con la hiperinflación.

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Fujimori se aferra al poder con una elección sin aval internacional alguno

Entre 1990 y 1992, enfrascado en un combate contra el terrorismo y los costes de la estabilización económica, Fujimori alistó las bases de un autogolpe de Estado que, antes de cumplir su segundo año, el 5 de abril de 1992, dio paso a un Gobierno cívico-militar. Tras pactar con una benevolente Organización de Estados Americanos (OEA), se realizaron elecciones legislativas para renovar el clausurado Congreso. Luego gobernó con tranquilidad los tres años restantes.

La oposición se reagrupó en 1995 alrededor de otro ilustre, Javier Pérez de Cuéllar, al que Fujimori derrotó en primera vuelta. Victoria que coincidió con el golpe definitivo a Sendero Luminoso y con un crecimiento económico notable, lo que le permitió cinco años de Gobierno sin mayores contratiempos. Fue en este segundo mandato cuando, cabalgando sobre un 40% de apoyo popular, perfeccionó su control casi absoluto del Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, los organismos electorales y la mayoría de canales de televisión. Todo ello para garantizar un tercer mandato que no estaba autorizado por la Constitución.

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