El Gobierno reformará el Cesid y nombrará por primera vez un director civil el próximo año

Responsables de servicios secretos de ocho países participarán, entre el 10 y el 14 de julio, en el curso sobre "Seguridad y Democracia. El futuro de los servicios de inteligencia", organizado por la Universidad Complutense de Madrid. El director del curso es el ex ministro de Defensa con UCD Alberto Oliart y su adjunto, el director general del Cesid, Javier Calderón. Ya han confirmado su presencia en El Escorial (Madrid) directivos o ex directivos de los servicios de información de Alemania, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Canadá y Jordania, además del propio Cesid. Han declinado la invitación tanto la CIA como el Mossad israelí, que no acostumbran a intervenir en actos públicos, ni siquiera en un marco académico, como es este caso.El objetivo implícito del curso es trasladar a la sociedad española, que todavía recela de sus servicios secretos, la necesidad que todos los países tienen de dotarse de un centro de este tipo y la posibilidad de que actúe en un marco democrático, sujeto a los controles legales.

El seminario de El Escorial no es el único hecho que contribuirá a poner en primer plano el papel del Cesid. Oliart, junto al ex ministro de Interior socialista Antoni Asunción y al ex secretario de Estado para la Seguridad Ricardo Martí Fluxà, presentará hoy en Madrid el libro "Servicios secretos", de Joaquín Bardavío, Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui.

Según el libro, el Cesid mantiene relaciones directas con 108 servicios extranjeros y representantes oficialmente acreditados en unos 30 países. Estas relaciones habrán facilitado, sin duda, la organización del curso de El Escorial.

Los agentes secretos españoles están pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso del caso de las escuchas del Cesid. La sentencia dictada el 26 de mayo del año pasado por la Audiencia Provincial de Madrid ha sido el golpe más duro sufrido por el centro durante el mandato de Calderón. Aunque los hechos enjuiciados -las escuchas aleatorias a políticos, empresarios y periodistas- se remontan a la etapa de Emilio Alonso Manglano al frente del Cesid, sus efectos son muy actuales. Lo que cayó como una bomba en el centro no fue tanto la condena de Manglano y Perote a seis meses de arresto, de improbable ejecución, sino la de cinco agentes en activo a seis años de inhabilitación absoluta.

Se trata, en la mayoría de los casos, de funcionarios subalternos que trabajaban en el Gabinete de Escuchas siguiendo las instrucciones de sus superiores. La condena, si el Supremo la ratifica, supondrá la pérdida de su carrera militar, los que la tienen, y en todos los casos el despido.

Para los miembros del Cesid esta sentencia es la prueba de la inseguridad jurídica en que se encuentran y de la urgencia de una ley que defina qué pueden hacer y en qué condiciones sin arriesgarse a acabar en los tribunales.

Aunque el fiscal de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, que defendió en el juicio la absolución de todos los acusados salvo Perote, preparó el recurso para el Supremo, éste nunca llegó a presentarse. El entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, se entrevistó con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para explicarle la importancia del asunto, pero la gestión no tuvo ningún efecto, más allá de las buenas palabras.

La piedra angular de la reforma del Cesid será precisamente la aprobación de una ley que regule sus mecanismos de control. Según el proyecto que Serra discutió con los grupos de la oposición en la pasada legislatura, y que al final quedó aparcado, el control judicial correspondería a un magistrado del Supremo, designado por el Consejo General del Poder Judicial, encargado de autorizar y controlar las intervenciones telefónicas y entradas en domicilio. Con el aval de un juez, se trabaja más tranquilo.