El Gobierno descarta por ahora presentar un proyecto de ley

El Gobierno ha renunciado a priori a presentar por su cuenta un proyecto de ley para reformar la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999. Con el fin de lograr el mayor consenso posible con los partidos y las comunidades autónomas, pondrá sobre la mesa de negociación cinco puntos "cardinales", en palabras del ministro portavoz, Pío Cabanillas, para modificar la ley por consenso. Si finalmente lograse el acuerdo, optaría por promover conjuntamente una proposición de ley en el Parlamento. Sólo en caso de discrepancia optaría por un proyecto de ley.El Consejo de Ministros aprobó ayer, como había anunciado, un informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería que presentó el titular de Interior, Jaime Mayor. El Consejo puso de manifiesto su preocupación por la situación del fenómeno inmigratorio, especialmente en Canarias. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, confirmó ayer, al finalizar el Consejo de Ministros, que las cifras de petición de inmigrantes para acogerse al procedimiento de regularización extraordinaria, que se abrió el 21 de marzo y concluirá el 31 de julio, se han disparado. Cabanillas precisó que el Gobierno espera más de 200.000 peticiones.

Cinco puntos "cardinales"

El ministro adelantó también los cinco puntos "cardinales" de la oferta negociadora del Gobierno sobre la reforma que pretende. Insistió en dos aspectos fundamentales previos: la urgencia de la reforma y el intento de consensuarla. Las conversaciones con partidos y comunidades autónomas se iniciarán de forma inminente. El primero de estos cinco puntos de la reforma, acordado ayer por el Consejo, es evitar "que se difumine la distinción entre el inmigrante legal e ilegal", como sucede en el texto vigente, con el objetivo de fomentar la legalidad y alinearse con los acuerdos de la Cumbre europea de Tampere, según precisó el ministro portavoz. El segundo punto consiste en salvar la judicialización del régimen de visados poniendo dificultades a la presentación de recursos en los casos de denegación. Cabanillas recordó que en 1998 se otorgaron unos 600.000 visados y se denegaron otros tantos. "Estamos hablando de algo de una enorme importancia en volumen y contenido", precisó.

El control del flujo de imigrantes es el tercer aspecto propuesto para la reforma. "La ley vigente no deja claro que la Administración tenga una potestad real de controlar esos flujos". El informe recoge finalmente la necesidad de evitar la "regularización permanente creada con la actual ley" y la necesidad de analizar los actuales supuestos de expulsión de España para "no privar a la Administración de esa capacidad de sanción".