El plan de El Cabanyal es "a todas luces ilegal", según la Facultad de Derecho de Valencia

"El Plan Especial de Protección y de Reforma Interior de El Cabanyal-Canyamelar debe considerarse, a todas luces y manifiestamente, ilegal, además de inconveniente desde el punto de vista urbanístico y nocivo desde la perspectiva humana y social". De esta forma tan categórica concluye un informe aprobado ayer por la junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. El texto asegura que el proyecto del Ayuntamiento de Valencia vulnera las leyes sobre Patrimonio Histórico Español y Patrimonio Cultural Valenciano.

La junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia asumió ayer, aunque "respetando la capacidad de decisión política de las instituciones representativas valencianas", los contenidos de un informe jurídico sobre el polémico plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento el 26 de febrero de 1999. El informe se titula La prolongación de Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal-Canyamelar: un estudio de su legalidad y la junta lo aprobó por una gran mayoría: 29 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.El informe, que no duda en calificar el proyecto de "manifiestamente ilegal", analiza el plan que prevé arrasar una franja de 106 metros de ancho del barrio para tapizar 48 de ellos con el asfalto de la avenida de Blasco Ibáñez y el resto para flanquearla con una cohorte de modernos edificios. Para ello hará falta destruir 450 edificios de los que al menos un centenar están "catalogados como protegidos por el Plan de Ordenación Urbana de 1988". Y lo que es más cuestionable, el derribo afectará a "25.000 metros cuadrados de la parte de barrio declarada como conjunto histórico artístico protegido".

Con estas premisas, y mediante un "enjuiciamiento estrictamente jurídico", la Facultad de Derecho concluye que el plan es "en sí e independientemente de otras consideraciones ilegal" por "vulnerar directamente varias disposiciones con rango de ley, e ignorar lo establecido por el propio decreto que declara Bien de Interés Cultural [BIC], conjunto histórico, el barrio". Así, el informe establece que la declaración como BIC se debe a dos factores de El Cabanyal: su trama urbana y la arquitectura original. Es decir, "es el conjunto lo que tiene relevancia como un todo completo" además de que "sus elementos singulares más valiosos tienen sentido ubicados en él". Además, se asegura que el plan atenta contra una tercera realidad: "La peculiar forma de vida de los vecinos".

Aparte del decreto de declaración como BIC, los expertos recurren a otras leyes. Y analizando las dos normas antes mencionadas (estatal y autonómica), aseguran que la legislación "prohíbe de manera clara y tajante" que "se sustituya o intervenga sobre la trama urbana del barrio".

Y hasta advierten de que se vulnerará la Constitución Española, que en su artículo 46 ordena que "los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos".

Con todos estos datos, la junta de la facultad asume la tesis del arquitecto Juan Calduch, que entiende que el plan no se puede considerar "una mejora tendente a la conservación de la estructura urbana existente", sino que "simplemente es una sustitución de esa estructura urbana por otra de carácter muy distinto". Y hasta recuerda lo dicho por otro arquitecto, Juan Pecourt, "conocido partidario de la ampliación", que reconocía en prensa que "la nueva trama que ocupa el vacío urbano dejado por la antigua es extraña a la morfología del barrio" y supone "una ruptura total".

Por último, cuestionan el Informe municipal sobre las alegaciones al plan. En concreto, atacan la tesis del Ayuntamiento de que "mantener la trama íntegra del barrio impide su regeneración" y hasta la necesidad de abrir la avenida al mar.