Aznar defiende la reforma de la Ley de Extranjería para combatir a las mafias

José María Aznar justificó ayer en el Congreso su pretensión de reformar la Ley de Extranjería en que, a su juicio, limita las "facultades discrecionales del Gobierno" en el control de las mafias que introducen a los inmigrantes sin documentación en España. El presidente del Ejecutivo prometió que esa reforma se abordará con la "máxima celeridad y el mayor consenso". El nuevo secretario de Estado de Inmigración, Enrique Fernández Miranda, se desplazará hoy a Marruecos para pedir al ministro del Interior marroquí que se cumplan los tratados vigentes de readmisión de los miles de inmigrantes que acceden a España desde sus costas.El portavoz parlamentario de IU, Francisco Frutos, aprovechó su pregunta al presidente del Gobierno sobre esa reforma de la Ley de Extranjería para defender su actual redacción, que calificó de "muy razonable" y "más positiva, humanista y menos policial que la anterior".

Frutos rechazó el argumento esgrimido por el PP de que la citada ley ha estimulado la inmigración de africanos subsaharianos, y señaló que si huyen de sus países es por la miseria, la sobrepoblación, la corrupción y la hambruna, en parte por el egoismo de los países ricos.

José María Aznar reiteró que, tal y como prometió en su investidura y en la campaña electoral, considera prioritario afrontar el problema de la inmigración desde dos principios: la capacidad de acogida de España y los compromisos internacionales adquiridos. Y señaló como objetivos ordenar, dirigir y controlar los flujos migratorios; garantizar la legalidad de la entrada y permanencia de los extranjeros en España, y delimitar correctamente los procedimientos de regularización de inmigrantes.

Aznar reprochó a la ley aprobada por toda la oposición el pasado diciembre la limitación "realmente extraordinaria" que establece "respecto a las facultades discrecionales del Gobierno en el caso del control de esas mafias o de determinados ilegales en España". Y añadió que conviene corregir esa carencia.

Por otra parte, el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, afirmó en su primera intervención en el pleno del Congreso que el futuro de RTVE está en manos de los grupos parlamentarios y que de ellos depende su futura financiación así como el sistema de elección del director general y la posible reforma del estatuto del ente público. Cabanillas animó a que todas esas decisiones sean abordadas mediante un "gran pacto". Esa fue su respuesta a una interpelación de Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, quien reprochó al Gobierno falta de objetividad y carencia de pluralismo en los informativos. Asimismo recriminó al Ejecutivo la ausencia de una decisión concreta para terminar con la deuda del ente público y asentar un modelo de financiación estable. Esas críticas fueron compartidas por el PSOE y el PNV. Los demás grupos de oposición no intervinieron en el debate.

La apelación del ministro a que sean los grupos parlamentarios los que decidan el futuro de RTVE causó estupor en los bancos de la oposición, según puso de manifiesto el diputado del PNV Joxe Joan González de Txábarri. Éste preguntó a qué venía esa apelación a los grupos parlamentarios aparentando que el Gobierno no tiene nada que ver en el asunto. Alcaraz hizo sonreír en distintas ocasiones al ministro al manifestar que había tratado de sembrar la sensación de que todos estaban en el mismo barco y con las mismas posibilidades de opinar e influir. Alcaraz le dijo que había presentado la realidad de una manera "edulcorada e idílica". "Usted llegará muy lejos señor Cabanillas, ya que con gran habilidad no nos han dicho ni pío, y permítame el chiste fácil", bromeó el representante de Izquierda Unida.