El Grupo Popular se opone a bajar el impuesto especial sobre carburantes

La polémica sobre el precio de las gasolinas entró ayer en el Parlamento. Los grupos del PP y el PSOE presentaron sendas proposiciones no de ley. El grupo del PP plantea en la suya aumentar los puntos de distribución y facilitar el acceso de nuevos operadores, pero se opone a que se reduzca el impuesto especial sobre los carburantes. El PSOE propone reducir de 10 a 5 años la vigencia de los contratos de las gasolineras con los operadores y que se establezca el sistema de precios máximos, así como abrir más puntos de venta.

El mercado de los carburantes está liberalizado, pero no lo suficiente como para garantizar la competencia. PP y PSOE coinciden en que hay que avanzar en la liberalización de los carburantes, pero sus fórmulas -plasmadas ayer en sendas proposiciones no de ley- siguen caminos diferentes.Las petroleras han subido seis veces el precio de las gasolinas y tres el del gasóleo en los últimos 21 días. Para evitar situaciones como ésta, el PP propone aumentar el número de licencias de apertura de gasolineras. En España existen hoy 7.643 puntos de venta, frente a los 17.125 que hay, por ejemplo, en Francia. Elena Pisonero, portavoz de Economía del Grupo Popular, planteó ayer distribuir gasolina en las grandes superficies. En la actualidad, ya se puede repostar en algunas, siempre a precios más baratos.

El PP plantea, además, dar mayor protagonismo a los organismos que velan por la competencia en los mercados liberalizados. Reducir los impuestos o fijar precios máximos no son, sin embargo, la solución para abaratar los carburantes, a juicio del PP. "Son medidas coyunturales, parches", afirmó Pisonero. No a la reducción de los impuestos -sugerida por las operadoras y la patronal CEOE- porque los usuarios no tienen que "pagar con su dinero" las subidas. Y no a la fijación de un precio máximo, porque, a juicio del PP, el mercado tiene que funcionar de forma correcta sin recurrir al intervencionismo.

El PSOE disiente. En la proposición no de ley que su grupo parlamentario presentó ayer se aboga por "recuperar para el Gobierno la posibilidad de establecer precios máximos" de las gasolinas. Los socialistas también quieren reducir a cinco años el plazo máximo de los contratos de suministro exclusivo -ahora son 10 años- y que los presidentes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía comparezcan en el Congreso cada seis meses para dar cuenta de sus actuaciones.

La coincidencia en las últimas subidas de las gasolinas ha alimentado la sospecha de que los precios se pactan, práctica impropia de un mercado liberalizado. Es "difícilmente explicable" que las petroleras incrementen los precios al mismo tiempo, resaltó ayer el presidente de la Comisión Nacional de la Energía, Pedro Meroño. Sospecha compartida por el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, que pidió al Gobierno que "ponga firmes" a las petroleras. Empresarios y sindicatos coinciden, pero mientras los primeros piden más medidas liberalizadoras, desde UGT se afirma que los carburantes son más caros porque el proceso de liberalización es un "fracaso".

El Tribunal de Defensa de la Competencia tardará dos meses en dictaminar si las petroleras se ponen de acuerdo. Agricultores y y transportistas se mantienen a la espera, mientras estudian cómo reaccionar. Algunas organizaciones agrarias ya han convocado para el sábado próximo una manifestación en Madrid.