El fiscal cree concluida la investigación del 'caso Rubio' pese a no haberse aclarado el móvil, un año después del crimen

Un año después de que Vitoria se viera convulsionada por un nuevo crimen, el último de una larga serie y que en este caso acabó con la vida de la joven abogada Begoña Rubio en su despacho profesional, la instrucción se encuentra "prácticamente terminada", según destaca el fiscal jefe Alfonso Aya. Sin embargo, tanto el responsable del Ministerio público en Álava como el consejero de Interior, Javier Balza, aventuraron tras la detención del imputado Koldo Larrañaga el 28 de mayo de 1999, cuatro días después del asesinato, que se podía tratar del autor de cuatro crímenes ocurridos en la ciudad a lo largo de 16 meses, circunstancia que finalmente no se ha podido demostrar. Ni siquiera se ha desvelado el móvil de este truculento suceso, a pesar de que las acusaciones particulares avanzaron hace un año una línea de investigación en la que se contemplaba la existencia de un pago o recompensa en el delito, es decir, hablaban de un hipotético homicidio por encargo. La autoinculpaciòn del único detenido, Koldo Larrañaga, un guipuzcoano afincado en Vitoria que había deambulado durante años por negocios fracasados junto a socios a los que él mismo temía -aseguró que llevaba una navaja para defenderse de ellos-, allanó el camino de la investigación. "No se puede decir que la instrucción haya sido sencilla, pero la autoinculpación y las pruebas que se han encontrado han facilitado las cosas", indica Alfonso Aya "La actuación de la policía ha sido muy exhaustiva e intensa".

La letrada recibió según un estudio del Instituto Nacional de Toxicología 14 puñaladas en distintas partes del cuerpo, varias de las cuales le ocasionaron la muerte por degüello. El autor del crimen se limitó a robar 4.500 pesetas del despacho.

Larrañaga había visitado durante dos días varios despachos de abogadas de la ciudad en demanda, según decía, de una asesoría legal. En la tarde del 24 de mayo de 1999 acudió al de Begoña Rubio después de haber concertado una entrevista con ella, y allí fue donde presuntamente atacó a la joven, que era representante de la asociación Clara Campoamor de defensa de menores y mujeres maltratadas.

Tras su detención en Madrid, asumió su autoría en esta acción y en el asesinato del empresario de máquinas tragaperras Agustín Ruiz, ocurrido en agosto de 1998. Las pruebas halladas junto al cadáver de la abogada sirvieron para reforzar la tesis de su autoría. Un estudio pericial elaborado por los psiquiatras Miguel Gutiérrez y María Ángeles Salazar determinó que Larrañaga no tiene trastornos de personalidad y que era plenamente consciente de sus actos cuando presuntamente cometió el crimen.