Fuga de alumnos franceses de FP

Jean-Luc Mélenchon, el secretario de Estado de enseñanza profesional, pretende "establecer retribuciones, que no remuneraciones, para los estudiantes en periodo de formación en la empresa". La precisión lingüística del ministro obedece a que el segundo término remite a un estatuto bajo contrato de trabajo y no a un estatuto escolar. La iniciativa responde a la necesidad de frenar la progresiva fuga de estudiantes que, tentados por modestas ofertas económicas de empresas que necesitan mano de obra, optan por abandonar los institutos para integrarse en el mundo laboral.En la actualidad, contando todas las especialidades y títulos posibles, es decir, tanto los que componen una suerte de bachillerato tecnológico o profesional como los que afectan a quienes optan, una vez aprobado el bachillerato general, por seguir dos años de formación técnico-científica, son 900.000 los alumnos agrupados bajo la rúbrica "enseñanza profesional".

El Ministerio de Educación ha firmado acuerdos con varias empresas para que éstas ofrezcan formación práctica a los alumnos, permitiéndoles seguir así, durante algunos meses, una enseñanza ligada a la experiencia laboral. En muchos casos esa formación se convierte en utilización gratuita del estudiante como aprendiz, lo que ya significa no respetar las bases del acuerdo, pero recientemente son muchas las sociedades que, sin pasar por el filtro del ministerio, hacen propuestas a los estudiantes para contratarlos abonándoles entre un 25% y un 75% del salario mínimo, equivalente a unas 170.000 pesetas.

"Tenemos interés en que los alumnos realicen un tiempo de formación largo, en formar una mano de obra cualificada y capaz de seguir, a lo largo de su vida, cursos de reciclaje, pero las empresas están interesadas en el tiempo corto, en resolver su problema de ahora sin mirar el futuro", analiza Mélenchon. Su proyecto contempla que las empresas que paguen a los alumnos de manera regular y sin retenerles más tiempo del acordado verán como el Estado renuncia a cobrarles unas tasas equivalentes a lo que han abonado como retribución.

El director de un instituto de FP explica que "a menudo los alumnos de FP proceden de un medio social más frágil y están psicológicamente menos preparados que otros para resistir a la oferta de una cantidad de dinero que, a 16, 17 o 20 años, puede parecer importante, máxime si aún se vive en familia". Para este director, "lo escandaloso es que no hay ninguna ley que impida contratar jóvenes como aprendices para utilizarlos en el puesto que correspondería a un trabajador ya plenamente formado".

El Ministerio de Educación, de acuerdo con el de Trabajo, quiere también poner un límite a la utilización de aprendices o de estudiantes en formación, fijando topes en función de plantillas y sectores. "De entrada, nadie que esté aún bajo el estatuto de estudiante debiera poder ser contratado sin el visto bueno del responsable de su centro escolar". La remuneración, indirectamente aportada por un Estado que renunciaría a cobrar ciertos impuestos a cambio de obligar a las empresas a abandonar sus prácticas de contratación salvaje de jóvenes, parece que será la primera de las medidas adoptadas.