Balza acusa a Mayor de ocultar información sobre ETA para "debilitar" al Gobierno vasco

El consejero vasco del Interior, Javier Balza, acusó ayer en la Cámara vasca al Ministerio del Interior de ocultar durante más de dos semanas a su departamento documentación intervenida por la policía en enero al comando Vizcaya de ETA, en la que aparecían datos de nueve jueces vascos, entre ellos la presidenta de la Audiencia bilbaína. Balza acusó directamente al ministro Jaime Mayor de no facilitar la información en tiempo real para "debilitar" al departamento vasco de Interior. "Eso es una vergüenza y, además, es hacer mal las cosas a la hora de garantizar la seguridad" de las personas, dijo Balza.

Las "graves" acusaciones realizadas ayer por el consejero Balza contra el Ministerio del Interior no tuvieron respuesta pública por parte de Mayor. Fuentes de su ministerio indicaron que el ministro "tiene por norma no polemizar en público sobre asuntos de seguridad con responsables de Interior de las comunidades autónomas" y alegaron que el asunto será tratado en privado con Balza.La comparecencia parlamentaria que propició las declaraciones de Balza tenía su origen en las críticas vertidas en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el Ministerio del Interior. Los jueces vascos denunciaron en ese documento la existencia de "paréntesis de zozobra y desconcierto" en este colectivo amenazado por ETA por la tardanza del ministerio a la hora de suministrar la información operativa incautada a los comandos etarras sobre posibles objetivos.

La memoria judicial de 1999 calificaba de necesario que "tan pronto como cualquier dependencia del Ministerio del Interior cuente con datos que comprometan la seguridad personal de jueces y magistrados destinados en el País Vasco, los comuniquen sin demora al Departamento de Interior del Gobierno vasco, para evitar la apertura de paréntesis de desconcierto y de zozobra, durante el cual el Ministerio del Interior no puede emprender acción alguna -que carece de competencias al respecto- y este Departamento de Interior -competente al efecto- nada o muy poco puede hacer a falta de la imprescindible información de que debe disponer".

En su comparecencia, motivada por una pregunta del diputado socialista Víctor García, Balza denunció el "ocultamiento" de información operativa de objetivos etarras "como una práctica habitual" y responsabilizó de ello al Ministerio del Interior. El parlamentario socialista calificó este hecho de "deplorable" e "inadmisible" y fuentes de este partido no ocultaron su "conmoción" por las acusaciones de Balza.

En el turno de réplica, el diputado del PP Carlos Urquijo acusó a Balza de "sembrar dudas de gravedad" contra el trabajo desarrollado por el ministerio y le preguntó: "¿Conoce usted alguna situación en la que la falta de información haya generado situaciones de desprotección en jueces o haya supuesto un riesgo para sus vidas?". Fue entonces cuando el consejero indicó que habían sido los jueces los que habían constatado "esos déficit" y le respondió que durante "más de 15 días" la información incautada por la policía al comando Vizcaya de ETA, el 3 de enero pasado, no fue remitida a su departamento. Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya sí avisó telefónicamente a los nueve magistrados que figuraban como objetivos en las fichas incautadas a los terroristas. Y, según Balza, fueron los propios jueces los que pusieron la información en su conocimiento y forzaron una reunión de la Comisión Mixta de Seguridad, el 11 de enero. Uno de los que aparecía en ese listado y que acudió a la Comisión dijo que notó una "muy evidente descoordinación policial". Balza, quien dijo que no tuvo conocimiento del nivel de información que ETA tenía sobre los jueces, espetó a Urquijo: "¿Qué deben hacer [los jueces] al tener esa información?, ¿comprar una pistola, irse de Euskadi?".