Fabra tiene el 30% del presupuesto de la Diputación condicionado a un convenio sin firmar con el Consell

A mediados de mayo, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, todavía no ha firmado el convenio marco que anualmente suscribe con el presidente del Consell, Eduardo Zaplana. Sin embargo, el importe de ese convenio, que no tiene fecha de firma, sí está incluido en el presupuesto de 2000 como ingreso con un montante total de 6.000 millones de pesetas, lo que significa cerca de un 30% del global que presupuesta la Diputación. Con ello, Carlos Fabra tiene, a mitad de año, una tercera parte condicionada por un convenio sin firmar. Durante el pleno de marzo el grupo socialista de la Diputación preguntó a Fabra por este convenio, a lo que el presidente de la corporación provincial respondió pidiendo tranquilidad puesto que, entonces, sólo habían pasado tres meses de ejercicio. Sin embargo, ahora, ya está cerca la mitad del ejercicio y el convenio sigue sin firmarse. Además, los socialistas cuentan con los datos del acuerdo de 1999, año en el que se incorporó por primera vez el gasto corriente como destino del dinero de la Generalitat. Según el portavoz socialista, Enrique Navarro, de los 5.250 millones a los que ascendía el convenio, la Diputación cuenta como derechos reconocidos, es decir, como ingresos comprometidos, poco más de 3.000. Estos datos siguen la tónica de convenios anteriores aunque con una diferencia fundamental. Mientras que hasta 1999 todos los convenios se referían a inversiones que en el caso de que no se llevaran a cabo tampoco significaban gasto alguno, a partir del pasado ejercicio la inclusión del gasto corriente compromete un desembolso por parte de la Diputación que ha de realizar tanto si la Generalitat envía el dinero como si no lo hace. Éste es el caso, por ejemplo, de los subproductos pecuarios, para los que la Diputación ha efectuado un desembolso de 91 millones de pesetas pese a que no han llegado los 115 millones que la corporación preveía ingresar de la Generalitat. Lo mismo ocurre con el acuerdo referente al colegio de educación especial Penyeta Roja para cuyo funcionamiento había previstos 490 millones de pesetas que la Diputación ha gastado y que no ha recibido de la Generalitat.

En cuanto a las inversiones previstas en el convenio de 1999 existen, según Navarro, incumplimientos por unos 2.900 millones. Entre ellos destaca la previsión de que la Generalitat pagara 1.800 millones de pesetas para la expropiación de los terrenos para el aeropuerto, de los que sólo han llegado 235.