Las sanciones a menores por faltas y delitos se han multiplicado por cuatro desde 1995

Las sanciones a menores de 16 años autores de daños, hurtos y otras conductas delictivas, la mayoría de carácter leve, se ha multiplicado por cuatro desde 1995. En 1999 se aplicaron 1.367 sanciones, a menudo varias a un mismo joven, frente a las 375 de 1995. Los responsables de los centros de reforma de la Comunidad y de la Fiscalía y el Defensor del Menor explican que si les llegan más casos no sólo es porque la violencia juvenil haya aumentado, sino también "porque se denuncia más y porque existen mayores posibilidades de detectarla y de atenderla con medidas alternativas".

La fiscalía de Menores inició en 1999 la investigación de 3.160 expedientes relacionados con faltas o delitos cometidos por menores. En 1998 fueron 2.375, y en 1993 sólo fueron 849. Según el fiscal Félix Pantoja, este incremento se explica en parte por el hecho de que ahora se tienda más a judicializar los problemas que en otras épocas. "Nos llegan denuncias sobre hechos que antes teníamos muy pocas veces, por ejemplo peleas entre chicos aunque no hayan sido de extrema gravedad", asegura.Es el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), de la Comunidad, el encargado de aplicar las sanciones decididas en cada caso por los jueces y fiscales. Algunas de ellas tienen un carácter más educativo, como la mediación o la reparación del daño causado, y otras, como el internamiento en un centro cerrado o la libertad vigilada aplicadas en los casos más graves, son más punitivas.

Las faltas y delitos más comunes son: destrozos en objetos (mobiliario urbano, escaparates...), peleas con lesiones leves, hurtos, utilización ilegítima de vehículo de motor y robo con intimidación. Sus autores tienen, por lo general unos 15 o 16 años, son casi todos varones y de clase media o media baja.

La directora del IMMF, Esperanza García, admite que pueda existir una mayor violencia juvenil. "Es algo que se vive en toda la sociedad, tanto en la familia como en la escuela, y que también observamos en los centros para chavales en desamparo", afirma.

Medidas alternativas

Pero ofrece otras razones para explicar por qué en cuatro años se ha multiplicado por cuatro el número de sanciones a menores por actos delictivos. "Hasta la reforma de 1992, la ley que regía los juicios a menores (en vigor desde 1948) contemplaba el internamiento como única medida, fuese cual fuese la gravedad del delito. Aquello era muy duro y, a menudo, ante la disyuntiva de tener que meter a un chico al reformatorio por el robo de una radio, o no adoptar medida alguna, se optaba por lo segundo", explica García. "Desde 1992 hay numerosas medidas alternativas al internamiento, muchas de carácter educativo", agrega.

Rosa Beriain, coordinadora del área de menores en conflicto social del IMMF, considera que se han incrementado las denuncias por hechos de menor gravedad, "pero no por delitos de gran violencia". "De hecho, las medidas de internamiento o de libertad vigilada, que son las que se aplican en los hechos más graves (violaciones, homicidios, robos con violencia...) se mantienen estables desde hace años", asegura.

El año pasado se impusieron 114 medidas de libertad vigilada, frente a las 117 de 1999 y se decretaron 76 internamientos, cuando hace cuatro años fueron 64.

"El último violador menor de edad lo tuvimos en 1997 y de 1995 hasta hoy sólo nos han llegado tres casos de homicidio", explica. "Desde el Instituto adoptamos medidas sólo para infractores menores de 16 años; otra cosa son los de 16 a 18", añade.

Hace dos semanas, la Comunidad denunció a tres menores internados en el Centro de acogida de Hortaleza por un presunto delito de abuso sexual sobre otros tres residentes. Los dos presuntos culpables de mayor edad han sido internados en un centro de reforma. Beriain afirma que estos casos no son frecuentes. "En 1999 nos llegaron cuatro chicos culpables de cometer abusos sexuales, pero ninguno procedía de nuestros centros de acogida", concluye.

El defensor del Menor, Javier Urra, apostilla que "la policía, la fiscalía y la judicatura tienen más equipos especializados en chavales que delinquen, lo que hace aflorar situaciones que antes quedaban escondidas". Y apunta: "Ahora existe cierta tendencia a judicializar todo. No sólo nos llegan chicos que han cometido graves delitos, sino que lo más habitual es que se denuncien agresiones a compañeros de clase o pequeños robos".

Pero el defensor del Menor reconoce un aumento de actos violentos cometidos por adolescentes. "Ya no hay bandas como la de El Vaquilla, pero hay chavales que la emprenden a golpes contra las cosas o contra las personas. Algunos son chicos de familias marginadas, con problemas de paro, alcohol y droga pero lo más nuevo es que cada vez hay más chavales de clase media o media-alta, con dinero, pero a menudo sin unos padres que les marquen los límites", concluye.

Las medidas extrajudiciales dirigidas a que el menor repare el daño causado sin tener que ir a juicio han ido creciendo. En 1995 se aplicaron sólo en 99 casos (un 26% del total) frente a los 861 (un 63%) del año pasado. La mitad de ellas consisten en una mediación en la que víctima y agresor se sientan frente a frente para que el segundo pida perdón.

Otras veces se opta por la reparación directa del daño o, lo que es más frecuente, por imponer al menor la realización de actividades en beneficio de la comunidad. Así, hay 89 puntos en la región donde se desempeñan esas medidas: desde los jardines de la estación de tren de El Pozo (Puente de Vallecas), de cuyo mantenimiento se encargan chicos que han causado destrozos en Renfe hasta residencias de ancianos o de discapacitados.