Las armas ligeras y el ciclo de la violencia

Aunque no sean muchos quienes son conscientes de ello, el comercio de armas ligeras constituye una de las mayores plagas actuales en la convivencia entre países industrializados y países subdesarrollados. Por tal razón, quizá no resulte ocioso hacer partícipes a los ciudadanos europeos de que en Italia está actualmente en vigor una óptima y valerosa ley para la limitación del comercio de armas ligeras, que fue debatida y aprobada por el Parlamento italiano hace ya algunos años.Dicha ley, que se conoce como Ley 185, prohíbe la exportación de lo que los ingleses denominan small arms, es decir, las armas personales, a países que estén públicamente implicados en un conflicto, sean objeto de un embargo internacional, violen los derechos humanos o, por último, a aquellos países que, siendo receptores de ayudas italianas para el desarrollo, hayan destinado recursos excesivos para la defensa respecto a otros apartados de sus presupuestos. Se trata de una ley de transparencia que impone un control continuo sobre el destino final de esta clase de suministros y que asegura un informe anual del presidente del Gobierno ante el Parlamento sobre el conjunto de autorizaciones concedidas.

Los resultados fueron sorprendentes: ya en el año 1991, en efecto, las exportaciones de armas ligeras hacia países considerados de riesgo se precipitaron del 70% al 1% del total de las exportaciones, si bien en los años siguientes volvieron a aumentar hasta alcanzar el actual 8%. Hoy, esta ley se encuentra en peligro, como subraya Luigi Anderlini, antiguo senador de la Izquierda Independiente y actual presidente del "Archivo Desarme", que desde hace años se ocupa del control del armamento y que en estos días ha promovido una campaña para concienciar a la opinión pública sobre la importancia del control de las armas ligeras. El Gobierno italiano, en efecto, presentó el pasado febrero un proyecto de ley que amenaza los criterios de la Ley 185. ¿Qué se propone hacer al respecto el recién elegido jefe de Gobierno, Giuliano Amato? Resulta comprensible que durante estos años los comerciantes de armas hayan hecho todo lo posible para burlar la decisión del Parlamento. Pero ahora, con el crecimiento de los nuevos ordenamientos jurídicos europeos, han vuelto a la carga con mayor énfasis si cabe: sostienen, en efecto, que Italia, al disponer de una ley más restrictiva que la de otros países europeos, acaba por resultar penalizada. Por ello sería necesario adecuar Italia al resto de Europa, sugieren los comerciantes de pistolas, fusiles, ametralladoras, con la habitual justificación de que "las miles de familias que viven de este trabajo acabarán quedándose en la calle si se continúa con las reducciones de la exportación".

Pero ¿hasta qué punto, decimos nosotros, es lícito, en nombre del derecho al trabajo, permitir una exportación ilimitada de armas ligeras que a la postre van a parar a manos de la criminalidad organizada o a manos de pueblos que recurren a los niños soldados para masacrar a sus vecinos? Incluso si dejamos a un lado las cuestiones éticas, incluso queriendo atender solamente a los intereses inmediatos de los ciudadanos, "no muchos saben", dice el senador Anderlini, "que la industria militar es uno de los sectores que más gravan sobre el bolsillo del contribuyente. La mayor parte de las transacciones de armas, en efecto, no podrían tener lugar sin las garantías financieras gubernamentales". Si a eso se añade que el que se endeuda para comprar armas es, en la mayor parte de los casos, un país pobre queda claro cómo con esta clase de comercio se pone en marcha el ciclo de la violencia: un país indigente se endeuda con un país rico que produce dichas armas, las cuales a su vez hacen aumentar la violencia y la criminalidad del propio país, a veces incluso contra el país que le ha vendido las armas. Aclarado todo ello, nos preguntamos si merece realmente la pena poner en discusión una excelente ley, que sitúa a Italia a la vanguardia en la reglamentación del comercio de armas, para adecuarse a Europa, en vez de intentar acercar a Europa a las posiciones italianas, como nuestra diplomacia está haciendo con éxito desde hace algunos años en otros frentes. Es inútil protestar contra la violación de los derechos humanos si luego somos nosotros (los italianos y los europeos) quienes alimentamos con nuestras armas esa violencia.

Diversas asociaciones de voluntariado, comunidades cristianas de base, organizaciones no gubernamentales, etcétera, se han unido a esta "Campaña italiana sobre la difusión de las armas ligeras" con el fin de defender la Ley 185. En ella se pide que la conferencia sobre small arms que la ONU tiene previsto realizar en 2001 "impulse las negociaciones para la puesta en marcha de un adecuado control a nivel mundial de uno de los fenómenos más dramáticos y sanguinarios de nuestro tiempo. Si se pretende revisar la ley italiana, que sea para mejorarla, no para descabezarla".

"La producción y la exportación de armas, legales o ilegales, precisa enormes capitales y servicios financieros que sólo los grandes bancos pueden proporcionar", continúa el documento. "Por poner un ejemplo: para un intermediario italiano resulta relativamente sencillo hoy en día desplazar un cargamento de Kaláshnikov desde Bulgaria hasta Ruanda a través de la redes de la gran banca internacional. De ahí la importancia del papel que los bancos italianos han desempeñado y siguen desempeñando todavía en operaciones financieras destinadas al comercio de armas (como atestigua el informe gubernamental anual sobre la Ley 185)".

No faltará quien diga que este tipo de cuestiones atañen a los militares, y no a los escritores, pero nosotros pensamos que los escritores son antes que nada ciudadanos y que, en cuanto tales, deben mantener la mirada atenta hacia los cambios de su propio país.

Demasiado a menudo, en efecto, se acaba por asistir, con perfecta e inconsciente pasividad, a cambios legales que después influyen negativamente en nuestro futuro. La opinión pública, aunque a menudo se muestre impotente, no deja de tener su fuerza, que los políticos deben tener en cuenta, y sería un suicidio renunciar por desconfianza, por inercia, a exponer las propias ideas.