El empresario Lagier pide el archivo de la investigación del Ivex

La investigación del caso Ivex se acerca a su fin. El abogado de Jean Luc Lagier, el empresario francés imputado por el quebranto económico que padece el Instituto Valenciano de la Exportación, ha solicitado al juez encargado del caso el archivo de la causa al entender que no hay prueba alguna contra su cliente. El magistrado, considerando que el sumario está prácticamente concluído, ha emplazado al fiscal y a los abogados que representan al instituto a pronunciarse sobre la petición.

El letrado del empresario, Manuel Delgado, ha expuesto a lo largo de 45 folios las razones por las que, a su juicio, el magistrado debería decretar el sobreseimiento libre -a diferencia del archivo provisional, el cierre definitivo del asunto- en la investigación que se sigue contra Lagier. En resumen, el abogado argumenta que las operaciones realizadas por sus clientes con el Ivex fueron siempre encaminadas a dos objetivos: facilitar la extinción de una deuda que la empresa pública tenía con él y generar derechos de exportación para que Ford pudiera vender vehículos en Túnez. El Ivex denunció el pasado noviembre a Lagier y al ex director del Ivex, José María Tabares, al entender que ambos habían actuado de común acuerdo y de espaldas al consejo de administración del Instituto dirigido por Carmen de Miguel para financiar las empresas del francés con dinero público.

Según la querella presentada el pasado noviembre, que acusa a ambos de un delito societario, la trama urdida por los imputados causó un quebranto de 1.049 millones de pesetas a la entidad pública merced a los avales, sin justificación alguna, con los que Tabares facilitó la realización de varias operaciones financieras al grupo de empresas del francés.

Para el abogado de Lagier, las imputaciones contenidas en la querella ni son ciertas ni han podido ser probadas. En opinión de Delgado, tal como su cliente aseguró ante el juez el pasado enero, el empresario francés no ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario, prestó su colaboración para intentar cobrar la deuda que el Ivex tenía con él -anterior a la llegada de Tabares al cargo- y, simultáneamente, generar derechos de exportación.

¿Cómo lo hacía? Con un método absolutamente legal y que nunca fue ocultado. Lagier producía productos en sus industrias tunecinas que él mismo intentaba colocar en mercados de la Unión Europea. ¿Por qué necesitaba el aval financiero del Ivex? Por las enormes dificultades existentes para vender bienes procedentes de una economía atrasada como la del país magrebí en una tan existente como la de los 15. ¿Qué interés tenía el Ivex en financiar a Lagier? Facilitar las ventas de la empresa radicada en Almussafes en Túnez. El Gobierno del país africano exige, para aceptar importaciones, la exportación de sus productos.

Rastreo de las cuentas

El juez encargado del caso, Vicente Ríos, ha pedido al fiscal y a los abogados del Ivex y la Generalitat que se pronuncien sobre la petición de Lagier. Aunque hubiera podido rechazar la solicitud de archivo, Ríos, dado lo avanzado de la investigación, ha aceptado su tramitación. Según fuentes cercanas al caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia está a la espera de un último dato -los movimientos de varias cuentas bancarias de Lagier- para tomar una decisión: dar carpetazo al asunto o, por contra y siempre a expensas de lo que digan acusaciones y defensas, decretar la celebración de juicio oral.