Bruselas dice que la renuncia de las empresas a los incentivos fiscales ayudaría a cerrar el expediente

La Comisión Europea reclama de las autoridades españolas los datos de al menos seis empresas acogidas a incentivos a la inversión en el País Vasco, antes de decidir si cierra el expediente general que abrió en julio de 1999 sobre los beneficios fiscales en Euskadi y Navarra. El portavoz del comisario europeo de Competencia, Mario Monti, aseguró ayer que "la solución ideal" para el cierre de ese expediente es que las empresas favorecidas renuncien a esos beneficios (sobre todo el crédito fiscal del 45% de la inversión) Dos empresas, Bahía Bizkaia Gas y Bahía Bizkaia Electricidad, ya lo han hecho.

El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, recibió ayer en Bruselas a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, quien le informó de la situación del conflicto fiscal entre las administraciones central y vasca, después del acuerdo alcanzado entre ambas partes el pasado 18 de enero. Zenarruzabeitia comunicó oficialmente a Monti que las empresas Bahía Bizkaia Gas, promotora de la planta regasificadora del superpuerto, y Bahía Bizkaia Electricidad, de la central eléctrica a gas por ciclo combinado, que habían obtenido el crédito fiscal del 45% por parte de la Diputación de Vizcaya, han renunciado recientemente a estos incentivos. La noticia fue acogida positivamente por el comisario, según su portavoz. Ambos proyectos implican inversiones por valor de 98.000 millones de pesetas y en ellos participan Repsol YPF, el Ente Vasco de Energía (EVE), Iberdola y BP Amoco. Sin información

El portavoz de Monti señaló la satisfacción de Bruselas por esta decisión y dijo que el comisario no ha puesto condiciones para llegar a una solución en el expediente general abierto en julio, pero recordó que aún no ha obtenido de las autoridades españolas la información solicitada sobre seis empresas a las que se concedieron beneficios con posterioridad al 18 de enero.

La vicelehendakari informó a Monti de los "desencuentros" entre las administraciones central y vasca después del acuerdo de enero, puesto que la Diputación de Vizcaya no ha derogado aún la controvertida normativa fiscal, tal como debiera haber hecho en cumplimiento de aquel compromiso. Vizcaya mantiene que no deroga la normativa mientras el Gobierno central no retire todos los recursos contra sus normas forales sobre incentivos fiscales. La Hacienda del Estado argumenta que no lo hace en el caso de Vizcaya porque su Diputación "actuó deslealmente" al conceder el crédito fiscal del 45% a 19 empresas durante la negociación de la paz fiscal. Precisamente ayer la Administración del Estado desistió de un recurso de casación presentado contra la norma foral 9/92, de 23 de diciembre, por la que se aprobaron los presupuestos de Vizcaya para 1993.

Zenarruzabeitia comunicó a Monti "la voluntad del Gobierno vasco de reconducir estos temas, así como las de la Administración central y la Diputación [de Vizcaya] de solventar" sus diferencias. No obstante, la vicelehendakari aseguró, con relación a una futura solución de la investigación general abierta por Bruselas, que "no es lo mismo la apertura de un expediente con paz fiscal que sin paz fiscal", en alusión al acuerdo de enero. En todos caso, Bruselas insiste en conocer todas las empresas beneficiarias antes y después del compromiso de enero.

El acuerdo fiscal que pactaron las haciendas estatal y vascas, estableció la retirada, antes del 1 de marzo, de todos los recursos del Estado existentes contra la normativa vasca y de los de casación presentados por las diputaciones contra sentencias anteriores. Además, las diputaciones deberían tramitar antes de esa fecha en las Juntas Generales los proyectos de derogación o modificación de determinadas normas tributarias forales, incluido el compromiso de suprimir las dos más polémicas: las denominadas minivacaciones fiscales para empresas de nueva creación (la reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades en un 99%, 75%, 50% y 25% durante los cuatro primeros años con beneficios) y el crédito fiscal para grandes proyectos (la posibilidad de recuperar mediante exenciones tributarias el 45% de lo invertido).

Mientras que tanto el Estado como las diputaciones de Álava y Guipúzcoa han retirado los recursos y han cumplido los compromisos relativos a esos territorios, no ha sucedido lo mismo con la Diputación de Vizcaya. El acuerdo fiscal, que evitó un peligroso pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre la capacidad tributaria vasca, puso fin a 13 años de conflictos judiciales entre las administraciones forales y central.