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Cacería de mexicanos en Arizona

Juan Jesús Aznárez

Hombres a caballo y armados galopan hacia unos matorrales de Cochise, en el Estado norteamericano de Arizona, donde diez indocumentados mexicanos que descansan tras una caminata de 20 horas han sido localizados por los sabuesos. Los perros del escuadrón de rancheros, adiestrados en la identificación de carne de pobre, arremeten contra el grupo de ilegales, pronto reducido y entregado a la Patrulla Fronteriza. Dirigen la persecución los hermanos Roger y Don Barnett, según un reportaje del diario El Universal, promotores de la cacería de mexicanos en Arizona, una iniciativa protestada ante Washignton por el gobierno de Ernesto Zedillo, la oposición política y la prensa.Dueño de varias fincas y de un negocio vinculado con la ganadería en el término municipal de Douglas, Roger Barnett, 53 años, justifica el hostigamiento contra los espaldas mojadas con el argumento de que protegen sus propiedades de intrusos que roban en su recorrido hacia las ciudades. Barnett se jacta, exagerando, de haber capturado en el último año a cerca de mil inmigrantes. "Si el Gobierno mexicano y nuestras autoridades no hacen nada por garantizar el respeto a la soberanía de nuestra nación, lo haremos nosotros". "Tons of drugs and thousand of illegal pass by this sign" (Toneladas de drogas e ilegales cruzan por este punto), acusa en un tablón bien visible en su rancho de casi 9.000 hectáreas. La cruzada contra los fugitivos del hambre, con 25 persecuciones documentadas, es muy popular entre los propietarios de la desértica zona, y a los Barnnet se les llama ya "los hermanos coraje".

Son los canallas de la Arizona racista y ultra, los hijos de un desierto geográfico y cultural, sostienen en México. "Para muchos es difícil comprender como a las puertas del siglo XXI y en un país formado precisamente por emigrantes existen personas sin escrúpulos que estén invitando a cazar ilegales como si fueran animales salvajes", destaca el analista Bruno Ferrari. "Chiflados", les llama el embajador estadounidense en Ciudad de México. Son chiflados con fusiles y camionetas, con faros especiales y el convencimiento de que hacen patria. Las autoridades federales, los candidatos a la presidencia en las elecciones del 2 de julio, los organismos defensores de los derechos humanos y los principales medios de comunicación han reaccionado indignados contra unas batidas convocadas hace tiempo por Internet.

El llamamiento instaba a "los visitantes que quieran ayudar a los rancheros norteamericanos a proteger sus propiedades, a la vez que gozan del desierto del suroeste de Arizona". La única condición solicitada a los huéspedes era que llegaran con radios, linternas de foco con profundidad de campo, sirenas o perros, vehículos, prismáticos y cámaras fotográficas. Varios hacendados respondieron al toque de corneta, cinco familias ya colaboran activamente en el acoso, y otras se disponen a hacerlo. El trofeo mayor es "el derecho a detener a los indocumentados mientras llega la Patrulla Fronteriza".

Los encontrarán aterrorizados, como a Ricardo Valenzuela, un chaval de 12 años originario de Chihuahua, mordidos algunos por los perros de presa, amenazados de muerte, dispuestos, probablemente todos, a intentarlo de nuevo pese a humillaciones e insultos que parece inspirados en los linchamientos de negros del Ku Klux Klan de los años 70. Pero mientras el trabajo sea un bien escaso en México, no habrá Patrulla Fronteriza o cazadores de cabezas capaces de contener las sucesivas oleadas de indocumentados dispuestas a aventurarse en travesías que la propia naturaleza, los accidentes orográficos, hacen penosa.

Los sabuesos no dan abasto en el corredor de Cochise. Cientos de mexicanos se aventuran mensualmente por el inhóspito trazado de este condado en ruta hacia los centros de trabajo urbanos o rurales del opulento norte y de cada 1.000 ilegales que alcanzan Arizona, sólo 50 consiguen llegar a la ciudad de Tucson, a 200 kilómetros de la frontera. Los incidentes fronterizos son numerosos, y más de 30 mexicanos han muerto en lo que va de año mientras vadeaban el río Bravo, muertos de inanición en desiertos y barrancas, estafados y abandonados a su suerte por los contrabandistas de personas, o simplemente tiroteados en situaciones confusas. Según José Angel Pescador, Subsecretario de Población en el ministerio de Gobernación, 300 compatriotas pierden la vida cada año en la divisoria o a pocos kilómetros de ella.

Las bandas de polleros son culpables de parte de las calamidades padecidas por sus clientes. Muchas y desalmadas, al menos 50 de ellas introducen a 5.000 mexicanos, o centroamericanos, en EEUU anualmente. Otras cobran lo estipulado antes de que sus guías abandonen al grupo de ilegales en la noche. El precio por cruzar la frontera oscila entre varios cientos de dólares en el caso de los braceros mexicano hasta 50.000 para quienes llegan desde China.

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