El bono del Consell para la tercera edad adolece de inseguridad jurídica
El informe critica que Bienestar Social no explica cómo calcula el coste de las plazas en residencias
El servicio jurídico de Bienestar Social recomienda en un informe "revisar y clarificar" el sistema del bono residencia "a fin de evitar la inseguridad jurídica que provoca su interpretación". Este documento se refiere a las ayudas del año pasado, pero la naturaleza de la orden de este año, similar a la de 1999, hace extensibles estas recomendaciones a las de este año. Además señala que las subvenciones deberían regularse como decretos y no órdenes como hasta ahora.
El bono residencia es una medida que introdujo la anterior responsable de Bienestar Social, Marcela Miró, para subvencionar la estancia de los mayores que se encuentran en residencias privadas con la intención de primar aquellos ancianos que cuenten con un patrimonio personal o familiar sea más reducido. Uno de los aspectos clave de la medida es la determinación de las ayudas, cuestión en la que se detiene el informe.El documento se detiene en aspectos legales del apartado que determina el cálculo del importe de la ayuda, de la aportación del anciano que desea acogerse a las subvenciones y la ayuda familiar. De esta forma, cuestiona abiertamente -"corresponde a la esfera de su vida privada", señala el informe-, la necesidad de que el cónyuge del mayor de 65 años que pide la subvencion tenga que entregar copia de su declaración de la renta para justificar los bajos ingresos de la unidad familiar y lograr que Bienestar Social reconozca la idoneidad de las ayudas. El informe afirma que "parece evidente" que no sea necesario mostrar tal documento, "pero su negativa daría lugar a la denegación de la ayuda al solicitante, lo que no parece muy congruente", puntualiza el servicio jurídico de la consejeria.
Junto a los problemas de "inseguridad jurídica" que plantean determinados aspectos en la aplicación del bono residencia, los servicios jurídicos de la consejería, que fechan el informe a finales de 1998, no pasan por alto entre sus observaciones que "en ningún momento se establece cual es el coste de la plaza ni las reglas para establecerlo". Precisamente, una de las principales críticas dirigidas contra el sistema de subvenciones del bono consiste en que la Administración paga a las residencias un precio fijo por plaza. El diputado socialista Antonio Torres criticó esta situación ya que, señala, de esta forma no se estimula a mejorar la calidad asistencial. Torres destacó que si se ofrecieran mayores sumas a las residencias con mejores servicios, muchos de los centros que, incluso, no cuentan con las autorizaciones definitivas mejorarían las instalaciones.
Decreto, y no orden
El documento también cuestiona la figura legal a la que se acoge Bienestar Social para dar forma a las ayudas. "Como ya se dijo en el informe de esta asesoría de diciembre de 1997 respecto a la orden de convocatoria de las mismas ayudas", el bono residencia "debería de ser objeto de regulación reglamentaria mediante un decreto del Gobierno Valenciano", aspecto que no sólo ignoró Bienestar Social en 1999, sino también este año, al haber mantenido el rango de orden. El departamento jurídico justifica esta situación en que las ayudas "tienen vocación de permanencia en el tiempo" y además destaca que este cambio "tampoco parece que revista de especial dificultad".
En este aspecto coincide Antonio Torrres, que no sólo destaca la necesidad de convertir la orden en decreto, sino poner en marcha el modelo que aplica el Ministario de Trabajo a las entidades privadas. En lugar de órdenes de ayudas puntuales que se repiten año tras año, la Administración convoca en las autonomías que no tienen transferidas las competencias de los servicios sociales conciertos, que establecen topes máximos y mínimos de ayudas a las residencias en función de la calidad de sus asistencia.
El responsable socialista destacó que la orden que regula las subvenciones de este año adolece de los mismos problemas que la de 1999, ya que pese a las recomendaciones vertidas por el los servicios jurídicos, el departamento que dirige Carmen Mas no ha tomado medidas para remediar los "problemas" detectados desde la propia consejería.
Los "perversos efectos" del bono
El informe de los servicios jurídicos no es el único que cuestiona la efectividad de las ayudas puestas en marcha por la actual presidenta de las Cortes, Marcela Miró, cuando estaba al frente de Bienestar Social. Un estudio elaborado por la unidad de inspección de Serviciios Sociales poco después de que se implantara la medida destacaba la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminación que sufren los usuarios con menos recursos económicos. Destacaban también "un mayor control del uso de fondos públicos" y detacaban la falta de uniformidad en los servicios e instalaciones de las residencias privadas acogidas a la medida.A estos aspectos se suma la crítica de la oposición que denuncia que la medida no ha servido para reducir la lista de espera de personas mayores para acceder a una residencia pública, que se alcanza ya los 2.000 ancianos. Los 1.700 millones de pesetas destinados en 1999 y los 2.700 presupuestados para este año en subvenciones para el bono residencia se destinan a ayudar a ancianos que se encuentran ya en una residencia privada, por lo que aquellos que no se encuentran en ellas, fundamentalmente, porque su capacidad adquisitiva no se lo permite, se han quedado al margen de las ayudas, excepto casos muy concretos.
