Dos guardias civiles de Córdoba niegan haber pagado con droga a confidentes

Dos guardias civiles de Córdoba procesados por narcotráfico y falsificación de documentos negaron ayer haber pagado a sus confidentes con droga incautada en operaciones policiales. Ésta fue la declaración que prestaron C. C. M., ex jefe del Grupo de Investigación Fiscal Antidroga (GIFA) de Córdoba, y el guardia J. M. C., al inicio del juicio sobre la Operación Membrillo (supuesto pago con droga a confidentes), por la que también están procesados otros dos guardias civiles más y cinco policías nacionales. El fiscal acusa a los 35 presuntos implicados en este caso -dos de ellos en busca y captura- de delitos de narcotráfico, coacciones, hurto, cohecho, falsificación de documentos oficiales y tenencia ilícita de armas. Otros cuatro procesados fallecieron durante la instrucción del sumario, abierto en 1993 por el juez de Instrucción número 7 de Córdoba, Juan Luis Rascón, tras una denuncia contra agentes policiales y de la Guardia Civil sobre supuestos pagos a sus confidentes con drogas, joyas y dinero intervenidos en operaciones antidroga.

El ministerio público pide penas que suman más de 200 años de prisión para los policías y guardias civiles, aunque no todos ellos están acusados de narcotráfico. Para el total de los 35 acusados pide penas de cárcel que suman 627 años. Los agentes que declararon ayer negaron que desde el GIFA se entregara droga a sus colaboradores, que, por el contrario, sí recibían gratificaciones en metálico por su colaboración después de que sus superiores solicitaran para ellos premios a la Dirección General de la Guardia Civil.