Un amigo del joven asesinado en la Villa Olímpica identifica a un agresor
Uno de los dos amigos que acompañaban a Carlos Javier Robledo el día en que murió en la Villa Olímpica de Barcelona a consecuencia de una brutal paliza identificó ayer en una rueda de reconocimiento celebrada en el juzgado a Valentín Moreno Gómez, de 18 años, como uno de los autores de la agresión mortal. En esa misma prueba participaron también otros cuatro jóvenes más, entre ellos Rafael Antonio Reyes, otro de los encarcelados por el caso y quien no fue reconocido por los testigos, según fuentes judiciales. En otra rueda de reconocimiento posterior participaron también David Montaño y Javier Montalvo, quienes tampoco fueron identificados con certeza por los testigos que pudieron escapar del ataque el pasado 1 de abril.El juez ha dictado auto de procesamiento contra 10 jóvenes por un presunto delito de asesinato consumado cometido en la persona de Robledo, por otros dos asesinatos en grado de tentativa del que fueron víctimas los dos amigos que le acompañaban, y por tres delitos de robo. Tras la práctica de esas pruebas es probable que al menos dos de ellos, Jonathan de la Rosa e Ildefonso Moreno, sean puestos en libertad al haber sido exculpados de forma clara por los mismos testigos.
Ese auto de procesamiento fue notificado ayer personalmente a los procesados por el juez instructor del caso, quien explicaba en su resolución que Robledo fue pateado mortalmente por sus agresores con unas botas reforzadas con placas metálicas y golpeado con gran violencia con una barra metálica. Algunos de los abogados defensores han anunciado que solicitarán un informe pericial sobre las lesiones que provocaron la muerte de Robledo porque no todos los procesados calzaban esas botas.
Incumplimiento de horarios
Por otra parte, ayer trascendió que la discoteca Back Fire, en cuyas inmediaciones se produjo el crimen, fue multada hace unos meses por el Ayuntamiento de Barcelona con 100.000 pesetas por incumplimiento de su horario de cierre. La sanción fue recurrida por los propietarios de la sala de fiestas ante los tribunales y los jueces no sólo dieron la razón al consistorio, sino que condenaron a la discoteca a pagar otras 75.000 pesetas en concepto de costas judiciales, según la sentencia dictada el pasado 21 de marzo por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Barcelona.
La multa a la discoteca fue impuesta por el alcalde de Barcelona, Joan Clos, el pasado 13 de septiembre al entender que la sala de fiestas, situada en el Puerto Olímpico, "excedió el horario de cierre" entre, al menos, septiembre de 1998 y enero de 1999.
El magistrado Adolfo Fernández Oubiña dictó anteayer un auto en el que advertía al consistorio de que podía acabar siendo declarado responsable civil subsidiario en el caso por no garantizar la seguridad en la zona. Por ese motivo, solicitó al Ayuntamiento que certificara la hora de apertura y cierre del local y que la Guardia Urbana precisara el dispositivo de seguridad previsto para la zona el día de los hechos. El consistorio salió ayer al paso de estas afirmaciones y explicó que "no se puede relacionar una presunta infracción administrativa con un asesinato".
