El alcalde de Oropesa conocía el vertido de escombros en la albufera

El alcalde de Oropesa, Francisco Garrido, admitió ayer que conocía el vertido de escombros en la albufera de la citada localidad. Garrido declaró ayer ante el Juzgado número 7 de Castellón, en el que se instruyen las diligencias contra el empresario Antonio Moliner por un presunto delito ecológico, ya que se le acusa de verter escombros en terrenos de su propiedad, ubicados en el paraje de la albufera de Oropesa.

La denuncia fue interpuesta por el Grupo Ecologista para el Estudio y Conservación de los Espacios naturales (Gecen) al detectar un intento de sepultar la zona húmeda con unos vertidos a finales de 1997 y principios de 1998. Garrido declaró ante el juez que conocía el hecho de que, en una de las parcelas de la albufera, se habían echado escombros para "allanar el terreno", aunque manifestó desconocer si este terreno era propiedad de Moliner o de alguna de sus empresas. Garrido, que formó parte de una sociedad en la que también figuraba Moliner, aseguró que la dejó cuando comenzó a ser "antipopular" el construir en la albufera, por lo que, actualmente, según indicó, no tienen ningún interés en que la zona siga siendo urbana, calificación fijada para ese paraje, en el que también existe un tramo declarado urbanizable no programado.Ayer declaró también un transportista, Manuel Beltrán, quien aseguró haber recibido del propio empresario el encargo de los alrededor de 400 viajes que él mismo había realizado con su camión para verter escombros en una parcela. Por este trabajo cobró 400.000 pesetas, según indicó ante el juez, de una empresa en la que participa Moliner.

El pasado 15 de diciembre declaró el propio acusado, quien negó ser el autor de los hechos, a la vez que afirmó que nunca había autorizado a nadie para que se echaran escombros sobre sus terrenos. El empresario manifestó que la zona sobre la que se efectuaban los vertidos había sido expropiada por Renfe, por lo que pensó que era esa la empresa que los encargaba. Sin embargo, días después Antonio Moliner se contradijo al reconocerse propietario de los terrenos cuando aseguró haber solicitado la presencia de la Guardia Civil para comprobar quién ejecutaba los aterramientos.