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LA CRISIS EN EL PAÍS VASCO

El Gobierno sólo hablará con ETA sobre los presos y a cambio de un alto el fuego definitivo

El Gobierno reaccionó ayer a la publicación que ha hecho ETA de sus contactos con los partidos nacionalistas y con el propio Ejecutivo. Tras conocer las actas de la banda sobre su única cita con la delegación del Ejecutivo, fuentes gubernamentales han señalado que sólo se reabrirá el diálogo para resolver la situación de los presos y bajo la condición de un alto el fuego definitivo. ETA afirma que si se rompieron los contactos fue porque el Gobierno filtró la celebración de la reunión. El Ejecutivo responde que la razón real es que a ETA ya no le interesaba al fracasar su política de "construcción nacional".

La tercera entrega de las actas de ETA, que ayer publicó el diario Gara, está dedicada al único contacto que delegaciones del Gobierno y de ETA mantuvieron en Zúrich (Suiza) el 19 de mayo del pasado año. ETA dio ayer su versión de dicha reunión, que el Gobierno corroboró, aunque discrepa totalmente de las causas que ETA alega para romper su comunicación con el Gobierno anulando el segundo encuentro convocado para fines de julio.ETA afirma en Gara que el Gobierno incumplió un compromiso de discreción al filtrar el 7 de junio la noticia de la celebración del encuentro y que quemó al intermediario acordado por ambas partes, el actual obispo de San Sebastián y entonces de Zamora Juan María Uriarte.

Fuentes próximas a la delegación gubernamental calificaron de "excusa" los argumentos de ETA para romper el diálogo y afirmaron que, si a la banda dejó de interesarle el segundo encuentro con la delegación gubernamental, fue porque el 11 de julio constató el fracaso de su principal proyecto para la "construcción nacional", la Asamblea de Municipios vascos, Udalbiltza.

El fracaso de los partidos nacionalistas en las elecciones municipales, celebradas un mes antes, el 13 de junio -perdieron en tres de las cuatro capitales del País Vasco y Navarra y en los principales núcleos urbanos-, llevó al PNV a moderar sus posiciones y a contrariar los planes de ETA.

Poderes políticos

La delegación gubernamental interpreta también que a ETA no le interesaba el segundo encuentro porque en la reunión de tres horas y media celebrada el 19 de mayo aclaró ante la banda que no tenía poderes para decidir en el terreno político y que, por tanto, su capacidad de negociación estaba ceñida a la situación de los presos y condicionada a la consolidación de la tregua.

Fuentes del Gobierno aseguraban ayer que, por tanto, ya no habrá más diálogo con ETA en el futuro si no es en los términos en que quedó pendiente el encuentro de finales de julio: para buscar una solución a los presos de ETA a cambio del silencio definitivo de las armas. "La reunión del 19 de mayo no fue inútil ni para el Gobierno ni para ETA. Ellos supieron de forma directa lo que el Gobierno está dispuesto a hacer. Si se planteara un nuevo encuentro sería para eso y no para otra cosa", reafirman las mismas fuentes.

De hecho, el primer paso para la celebración de la reunión de Zúrich lo dió el presidente del Gobierno, José María Aznar, al anunciar, el 3 de noviembre anterior, la autorización de contactos para explorar el alcance de la tregua indefinida declarada por ETA el 16 de septiembre en respuesta a "la demanda social de paz", pese a que la banda, en su declaración, no se dirigía al Gobierno sino a los partidos nacionalistas vascos, a los que pedía su participación en la "construcción nacional vasca".

El Gobierno dijo a ETA en la reunión del 19 de mayo que tomaría "decisiones" en la medida en que la banda fuera dando pasos en la consolidación de la tregua indefinida, según la delegación gubernamental. En ningún momento dicha delegación dijo expresamente en la reunión que esas decisiones sean de carácter penitenciario, a favor de los presos de ETA, pero lo da por sobreentendido porque Aznar se ha referido a ello en sus declaraciones sobre el proceso de la tregua.

Esta posición quedó aún más clara en la respuesta que la delegación gubernamental ofreció a ETA sobre el planteamiento prioritario de la banda en la reunión y que rocege el acta: conocer la disposición del "Estado español a aceptar y actuar democráticamente en el proceso en curso de Euskal Herria", en referencia al proceso abierto por la propia tregua y el Pacto de Lizarra.

Territorialidad

La delegación gubernamental aclaró a ETA que el Gobierno y su presidente no tienen poderes para asumir decisiones que atañen a la territorialidad, como la cuestión de Navarra, o a los estatutos de autonomía ni para negociar la salida de Euskadi de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento del derecho de autodeterminación o la reforma de la Constitución. Las actas reflejan, incluso, cómo en un momento determinado los representantes de ETA se quejan de falta de concreción del Gobierno ante su pregunta.

Pese a esta exposición de los enviados del Gobierno, que cerraba ya en la primera parte de la conversación el camino a una negociación de contenidos políticos, el encuentro continuó hasta completar las tres horas y media. Lo que indica que ETA no acudió a la reunión con la pretensión de tantear sus posibilidades de constituirse en protagonista de una conversación directa con el Gobierno como sucedió en las precedentes conversaciones de Argel, celebradas diez años antes con el Ejecutivo socialista.

El propio intermediario, el obispo Uriarte, certificó esta posición en la reunión al señalar que los asuntos políticos no iban a ventilarse en aquella mesa "sino que se iban a lidiar en otro sitio", en referencia al Pacto de Lizarra o a la mesa de partidos que el lehendakari Ibarretxe tanteaba ya en esos momentos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de mayo de 2000

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