Cuatro años para la educación

Según se han ido resolviendo en los últimos años algunos de los grandes asuntos pendientes en la sociedad española (lograr un crecimiento económico sostenido que permita crear empleo, integración plena de la Unión Europea, procesos de liberación y privatización, reforma de las relaciones laborales, etcétera), va pasando a primer plano la cuestión educativa, cuya relación no se atisba ni de lejos, y por ello se está convirtiendo en una de las grandes asignaturas pendientes de la acción de gobierno.Además de lo anterior, el ingreso de los países desarrollados en eso que se ha llamado la "sociedad del conocimiento", fenómeno que surge de la confluencia de otros como las nuevas tecnologías, la globalización y la difusión de la información, pone en medio del debate al mundo de la enseñanza; si en el futuro una economía valdrá lo que valga la preparación de sus profesionales, es lógico que la cantidad y la calidad de esta formación sea el elemento clave para la competitividad futura.

Si bien nadie resta un ápice a la importancia que tiene acertar en las políticas educativas, nadie se pone tampoco de acuerdo sobre qué orientación deben seguir esas mismas políticas.

Mientras que en la materia económica todos coinciden en que es la libertad de empresa y la economía de mercado el modelo a seguir, en materia educativa somos menos los que propugnamos un sistema libre y competitivo, que los que defienden el estatismo a ultranza, sin espacio para la iniciativa privada, o aquellos otros que, considerando a la educación uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, opinan que el intervencionismo y el dirigismo público deben ser lo que predomine, con espacios marginales para la actuación de la libre empresa en el sector.

Y el caso es que es muy urgente ponerse mínimamente de acuerdo sobre la dirección a seguir, porque la sociedad reclama soluciones rápidas a las muy importantes disfunciones que hoy presenta nuestro sistema de enseñanza, y que se están agudizando debido a fenómenos demográficos, sociales y económicos que nos llegan a gran velocidad. He aquí una relación no exhaustiva, pero sí representativa de esos problemas:

- La caída en picado de la natalidad en España, que hoy presenta la tasa de fecundidad más baja del mundo (solamente 1,07 hijos por pareja, cuando la tasa "de reposición" sería de 2,2 hijos) va a producir, ya lo está haciendo, un sobrante de aulas y profesorado, que en el sector público, hoy mayoritario, no es concebible que se ajuste por los sistemas habituales en las empresas privadas.

Este fenómeno se puede mitigar extendiendo a más años la educación obligatoria, manteniendo las escuelas y colegios más tiempo abiertos, reduciendo el número de alumnos por aula, etcétera. Pero todas son soluciones de alcance limitado que, además, producen otros problemas nuevos.

En cualquier caso, si el sistema educativo público no se puede ajustar a los requerimientos de la demanda, es evidente que la que sufre las consecuencias es la enseñanza privada no concertada, de suerte que la conclusión final es la reducción de la riqueza y pluralidad de la oferta educativa. En un contexto de baja natalidad y escasez de niños, pagarán la consecuencia los privados, y con ellos, el derecho a elegir el tipo de educación que se prefiera. Urge, por tanto, que las nuevas autoridades educativas resuelvan esta asignatura pendiente, pues nuestra Constitución así lo exige.

- En conexión con lo anterior, es previsible que se completen los efectivos de mano de obra necesarios recurriendo a la inmigración en los próximos años. Esta inmigración es un nuevo reto para el sistema educativo, que deberá acoger y formar desde una perspectiva multicultural, multiétnica y multirreligiosa, si no queremos que los problemas hoy puntuales de todos conocidos (El Ejido) se conviertan en generalizados.

- Todos coinciden en que el cuidado de los hijos pequeños es el principal obstáculo para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Desgraciadamente, la Constitución española no prevé nada para los niños entre cero y seis años, en la llamada "educación infantil".

Según toman conciencia del problema, las autoridades educativas están actuando para resolverlo, y tienen dos alternativas: la primera, crear una red pública de guardería idéntica a la existente en enseñanza primaria y secundaria.

La segunda posibilidad es promover el crecimiento de guarderías privadas mediante la financiación de su coste de las familias por métodos activos (cheque o bono escolar) o pasivos (admitiendo importantes deducciones fiscales en el gasto de las familias por este concepto). Como es lógico, esta segunda posibilidad es la más eficaz en materia de coste para el Estado, estímulo a la competencia y evitación de que en un futuro también queden redundantes los centros públicos que se creen.

Por desgracia, todo hace pensar que la primera alternativa será la elegida.

- Aumenta sin cesar el llamado "fracaso escolar", es decir, el porcentaje de jóvenes que no consiguen aprobar los cursos en enseñanza secundaria, consecuencia inevitable de la extensión de este nivel educativo a más años. Anteriormente, estos alumnos pasaban al mercado de trabajo. Hoy día siguen a trancas y barrancas en el sistema educativo, que todavía no sabe con exactitud qué hacer con ellos. Incluso se habla de separar a estos alumnos del resto para no interferir en el ritmo de aprendizaje y para otorgar a los afectados una docencia más específica.

La tasa de fracaso escolar marca los límites de la educación obligatoria secundaria, y es previsible que un incremento todavía mayor de la misma incidiera en un porcentaje del fracaso escolar aún más elevado.

- La eclosión de las nuevas tecnologías, y su aplicación en el campo de la enseñanza, es otro de los grandes retos de nuestro modelo, máxime cuando el ritmo de avance de nuestro modelo de fenómenos como Internet es muy superior a la capacidad del sistema educativo para asimilar las nuevas técnicas. El riesgo es, evidentemente, construir un modelo de educación que, por mucho que se esfuerce, no consiga formar a los alumnos en los instrumentos que serán imprescindibles para su desempeño profesional. Las altas dosis de rutina y burocratización de la enseñanza española están en la raíz de los peligros que este proceso conlleva.

- Y por último, es preciso señalar que hace tiempo que España invierte anualmente en educación más del 6% de su PIB, porcentaje considerado óptimo para obtener el nivel formativo adecuado. De este 6%, algo menos de cinco puntos son directamente gastados por el sector público, correspondiendo el resto al gasto de las familias en instituciones privadas. El problema no parece ser tanto de los recursos empleados como el modelo en que dichos recursos se invierten.

Es más, ya hemos señalado que en el futuro habrá menos niños para escolarizar, consecuencia natural del descenso de la natalidad. La inversión en educación por cada alumno va a crecer sensiblemente con el mismo gasto global que ahora. Ahora bien, para eliminar la evidente insatisfacción que en las familias produce el servicio educativo, para introducir principios de mayor competencia y eficacia y para asignar los recursos con mayor racionalidad, las autoridades políticas que han surjido de las elecciones tienen por delante cuatro años que serán cruciales para el futuro de la enseñanza en España. Esperemos que sean aprovechados desde el primer día.

Jesús Núñez Velázquez es presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE).