La lacra de la siniestralidad laboral

Quizás si los accidentes laborales no fueran tristemente cotidianos en general y en nuestra comunidad autónoma en particular, no hiciera falta ni celebrar un Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo -hoy 28 de abril- tal y como lo planteamos -de protesta por las escandalosas tasas de siniestralidad laboral- ni hiciera falta, por tanto, repetir una y otra vez a los principales responsables de esta auténtica lacra -Administración y empresarios- cuáles son sus responsabilidades y recordarles que en su mano, fundamentalmente, está la clave para dar un vuelco radical a esta lamentable situación.El pasado año hemos sido en nuestra comunidad autónoma líderes en siniestralidad laboral (sólo superados por la comunidad murciana). Hemos batido récords tales como lamentar más de 200.000 accidentes laborales, incrementar más del 17% la cantidad de éstos respecto a 1998, ver cómo 147 trabajadores perdían la vida y comprobar cómo desde 1993 hasta 1999 -en seis años- casi se duplicaba el número de accidentes laborales. La situación en el año en curso no es mejor, más bien empeora. En lo que llevamos de 2000 raro es el día que no conocemos nuevos accidentes laborales o que no lamentamos, más todavía si cabe, la muerte de trabajadores de uno u otro sector, aunque la siniestralidad laboral principalmente se esté cebando en la construcción.

Que el 60% de los accidentes laborales los sufran los trabajadores con contratos temporales y que en la Comunidad Valenciana contemos con un 90% de temporalidad en la contratación son datos espeluznantes que deberían hacer reflexionar muy seriamente a la mayoría de nuestros empresarios y, desde luego, a nuestros gobernantes.

Todavía hay quien intenta justificar estas tasas de siniestralidad laboral, echando mano a los argumentos más peregrinos que jamás se hayan visto, obviando lo que es más que evidente: los accidentes laborales son la consecuencia de la precariedad laboral galopante y endémica que azota nuestro mercado laboral. De aquél 90% de temporalidad en la contratación, el 77% corresponde a contratos de tres o menos meses de duración; la reinversión, por tanto, de los cuantiosos beneficios empresariales generalizados para la creación de empleo estable, lógicamente, brilla por su ausencia.

La movilización del pasado día 24 de febrero en Valencia, que coincidió con la exitosa huelga general en la construcción de ese día y el siguiente, fue la constatación de que las cosas no van bien y de que no pueden seguir yendo así.

En 1996 se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Una ley que nos colocaba, legislativamente hablando, a la altura de los países de la Unión Europea más avanzados en materia de salud laboral. Si antes la excusa era la inexistencia de un marco legal apropiado, a raíz de esta ley ya no cabían excusas. Pero la situación no ha cambiado. Los empresarios incumplen la ley y, en nuestro caso, la Generalitat Valenciana, que tiene transferidas las competencias en esta materia, sigue sin ver todavía resultados positivos en las medidas preventivas diseñadas. La Generalitat Valenciana debería, además, sancionar con toda la intensidad posible las infracciones y reforzar con más medios humanos y materiales al cuerpo de inspectores que son garantes de la escrupulosa aplicación de la ley. En este sentido, cabría recordar que la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana sólo cuenta con 59 inspectores de trabajo, uno por cada 25.000 trabajadores ocupados frente a un inspector de trabajo por cada 3.600 trabajadores ocupados en Alemania, por poner sólo un ejemplo.

La UGT-PV quiere, en definitiva, demandar de nuevo en una fecha tan señalada como hoy, día 28 de abril, a los empresarios y al Gobierno de la Generalitat Valenciana su compromiso serio, responsable e inaplazable para poner coto a una realidad cruel: no es posible que los trabajadores sigan perdiendo su vida en los centros de trabajo.

Por ello, también desde la UGT-PV, creemos que la creación de una sección especial de la Fiscalía para perseguir aquellos delitos relacionados con los accidentes de trabajo sería una medida positiva y conveniente, que defendemos, en la lucha comprometida contra la lacra de la siniestralidad laboral.

Rafael Recuenco es secretario general de UGT-PV.