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145 alcaldes de Tarragona apoyan al rector de la Rovira i Virgili

Un centenar de alcaldes y concejales de la provincia de Tarragona se dieron cita ayer ante la catedral de la ciudad para dejar constancia de su apoyo al rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, procesado por un delito de prevaricación por haber sancionado a una profesora que repartió exámenes en castellano de las pruebas de acceso a la Universidad, y en defensa dal reglamento de usos lingüísticos de la Rovira i Virgili, suspendido de forma cautelar por los juzgados de lo contencioso administrativo. Los alcaldes, de todo el espectro político catalán, incluidos dos del PP, dieron lectura a un manifiesto en el que aseguran que los dos conflictos "evidencian la voluntad de frenar el proceso de normalización lingüística de Cataluña", así como "una actitud de hostilidad contra la lengua catalana". El manifiesto no es, precisamente, una muestra de prudencia frente a las investigaciones judiciales, e incluso tergiversa la realidad.

Los alcaldes aseguran, en contra de lo que figura en la instrucción judicial, que tanto el rector como el coordinador de las pruebas de acceso a la Universidad, Joan Igual, también procesado por prevaricación, "han seguido rigurosamente la normativa aprobada por el Parlament", cuando la Cámara catalana jamás ha debatido ni aprobado nada referente a las pruebas de selectividad y lo único que existe es un simple reglamento de uso interno que ni siquiera ha sido publicado en ninguna instancia oficial.

Asimismo rechazan "las actitudes que, por medio de un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de uso de la lengua catalana, hacen evidente la voluntad de frenar el proceso de normalización lingüística de Cataluña". Así, sin nombrarla, los alcaldes se refieren a la agrupación presidida por el conservador Aleix Vidal-Quadras, Convivencia Cívica Catalana, promotora del recurso.

El manifiesto, difundido a través de la Diputación de Tarragona a instancias de un grupo de alcaldes, finaliza expresando "el respeto a las decisiones de la justicia, pilar fundamental del Estado de derecho".

Por el momento, los alcaldes de 141 municipios de los 189 que hay en la provincia de Tarragona se han adherido al escrito. El alcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, explicó que la finalidad del manifiesto es rechazar que se use para la lucha política tanto la Universidad como la lengua. PASA A LA PÁGINA 5

Josep Lluis Sellart

Dos alcaldes del PP se suman al apoyo al rector de la Rovira i Virgili

VIENE DE LA PÁGINA 1 Dos alcaldes del PP, el de Vilallonga del Camp (Tarragonès) y el de Solivella (Conca de Barberà), dieron su apoyo al escrito. Una de las ausencias destacadas fue la del alcalde de Tortosa, el socialista Joan Sabaté, que gobierna con el PP. Sabaté explicó que el consistorio no debatirá su adscripción al manifiesto hasta el próximo 8 de mayo y no consideró apropiado comparecer sin el beneplácito de su ciudad. "Es más, me extraña la actitud de los alcaldes que han acudido por libre", dijo. El alcalde de Tortosa se mostró sorprendido por el hecho de tener que dar explicaciones sobre su ausencia y advirtió del "peligroso cariz" que está tomando el conflicto de la URV.

Tras la concentración, Arola recibió a los alcaldes y les agradeció que "cuando la Universidad tiene un problema, la mayoría de los alcaldes de las tierras de su ámbito natural de influencia respondan con un gesto como el de hoy". Muy aplaudido, el rector de la URV defendió el reglamento de usos de la lengua catalana como "un sistema de libertad de usos lingüísticos" en el que se otorga a profesores y alumnos el derecho a escoger cualquiera de las dos lenguas oficiales, lo que, a su juicio, significa que éstos tienen, por tanto "el deber de conocerlas". La URV, añadió Arola, se mantendrá firme en la defensa del reglamento, tanto para garantizar la autonomía universitaria como para defender el acuerdo del claustro.

El rector calificó de "incidente de naturaleza administrativa que se ha utilizado como base para promover un conflicto político sobre la lengua catalana y los derechos lingüísticos" la denuncia por prevaricación presentada por la profesora Josefina Albert, excluida del tribunal de corrección de las pruebas de selectividad después de haber informado al Defensor del Pueblo sobre la supuesta orden de no proporcionar bajo ningún concepto un ejemplar del cuestionario en castellano. El rector se enfrenta a una posible condena a ocho años de inhabilitación.

Albert, por su parte, rechazó ayer que su denuncia tenga un trasfondo de hostilidad a la lengua catalana y atribuyó el manifiesto de los alcaldes a interés político y al desconocimiento de los hechos acaecidos. Según la profesora, que desde que se inició el proceso judicial está recibiendo amenazas anónimas, la concentración de ediles fue "una vergüenza, porque además se ha pagado con dinero público".

Mientras tanto, el líder de la oposición, Pasqual Maragall, se refirió también ayer a la lengua en el Parlament, aunque a propósito de otra cuestión. Maragall pidió que los estudiantes universitarios puedan examinarse en castellano e incluso en inglés para promover la universidad como "la primera industria de exportación" de Cataluña . El dirigente socialista se referió a la universidad como una de las prioridades de Cataluña y abogó porque se convierta en "nuestra primera industria de exportación y de servicios".

Impulso parlamentario

Posteriormente, con el voto a favor de todos los grupos, excepto del PP, el Parlament aprobó una batería de medidas para aplicar por el Gobierno de CiU para impulsar el uso del catalán en ámbitos como el socioeconómico, en el que se encuentra en condiciones de inferioridad respecto al castellano. El pleno de la cámara catalana, a propuesta del grupo de ERC, emplazó al Ejecutivo autonómico a poner en práctica estas medidas. La moción fue consensuada con CiU, PSC-CPC e IC-V. Es la primera ocasión, desde el inicio de esta la legislatura, que el PP se queda sólo frente al resto de grupos en una votación en pleno, rompiendo el sistema de bloques (CiU-PP y PSC-ERC-IC) que ha funcionado en otras cuestiones.

Entre las medidas incluidas en la moción destaca la edición y difusión antes de este verano del mapa sociolingüístico de Cataluña y la presentación de un informe por parte del Gobierno de Jordi Pujol sobre la aplicación de la ley de Política Lingüística, así como "velar por impulsar la presencia del catalán como lengua docente en las autoescuelas".

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