Economía somete a Telefónica a "vigilancia especial" para evitar que frene la competencia
El Gobierno estrecha el cerco a Telefónica en su objetivo por liberalizar las telecomunicaciones. El Ministerio de Economía aprovechó ayer el anuncio de apertura de un "procedimiento sancionador" de oficio a la alianza de la operadora con el BBVA para advertir de que la posición de control de Telefónica en el mercado de las telecomunicaciones "exige una vigilancia especial" de sus acuerdos y alianzas. Sobre el expediente abierto al pacto de Telefónica y el BBVA, el Servicio de Defensa de la Competencia cree que "podría afectar a las condiciones de competencia".
El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) investiga la alianza entre el BBVA y Telefónica desde que se anunció el pasado 11 de febrero. Desde entonces, el departamento que dirige Luis de Guindos ha recabado información de las partes sobre el desarrollo de los acuerdos. A la vista de la información aportada, "ha acordado proceder a la incoación de oficio de un procedimiento sancionador con el objeto de investigar las repercusiones para la competencia de la citada alianza".Las autoridades de Competencia consideran que los términos de la alianza y los acuerdos para el desarrollo conjunto de estrategias en los mercados de banca por Internet, comercio electrónico, medios de pago a través de móviles, contenidos y satélites (Hispasat), "podrían afectar las condiciones futuras de competencia en dichos mercados, debiéndose analizar en detalle los efectos globales de la alianza y sus repercusiones para la competencia en cada uno de ellos".
Lo más sobresaliente del comunicado de Economía, en cualquier caso, es la fuerte advertencia que hace sobre Telefónica. Competencia va más allá de la alianza entre la operadora y el BBVA y pone el acento en la posición de control que ejerce Telefónica. El principal escollo a la competencia se puede encontrar en el dominio que ejerce la operadora sobre las principales infraestructuras de telecomunicaciones.
Según la nota oficial que emitió Economía, "la posición de Telefónica en el mercado español de telecomunicaciones, gracias a su control de las infraestructuras básicas, exige una vigilancia especial por parte de los órganos de competencia de todos los acuerdos o alianzas que dicha compañía firme con otras empresas, con el fin de evitar que los mismos puedan limitar la competencia en unos mercados cuya característica básica es el uso de infraestructuras de telecomunicaciones como soporte imprescindible para la prestación de los servicios ofrecidos". La actuación del Servicio responde a las recomendaciones de la Comisión Europea para que los antiguos monopolios de telecomunicaciones abran su red local, la única que aún no prestan a la competencia en la mayoría de países, a otras operadoras.
Actuación de oficio
La apertura del expediente "con el objeto de investigar las posibles repercusiones para la competencia" se notificó la semana pasada a los abogados de BBVA y Telefónica, aunque el Ministerio de Economía la anunció ayer mediante un comunicado oficial. El anuncio provocó un profundo malestar tanto en Telefónica como en el BBVA, aunque ambas partes aseguraron que seguirán colaborando con el SDC.
El Servicio de la Competencia tiene 12 meses de plazo para concluir el expediente. Si considera que el procedimiento da lugar a desinversiones u otro tipo de actuaciones, elevará el informe al Tribunal de Defensa de la Competencia para que éste emita su dictamen y lo traslade al Ministerio de Economía. El ministerio puede entonces hacer llegar el informe al Consejo de Ministros para que el Gobierno adopte las medidas que considere oportunas.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, pidió ya el pasado 23 de febrero a Francisco González, presidente del BBVA, explicaciones sobre los acuerdos alcanzados. Posteriormente, el Ejecutivo emitió una resolución que obliga al BBVA a vender participaciones en sectores liberalizados (telecomunicaciones, energía y petróleo, fundamentalmente) en los que el banco controla más del 3% en empresas competidoras.
Un portavoz de Telefónica aseguró ayer que la compañía esperará a conocer la resolución del expediente "antes de tomar las medidas oportunas". La operadora, que ha extendido sus acuerdos a La Caixa, no se opone, en principio, a prestar su red de telefonía local, pero reclama, a cambio, que Fomento le autorice más subidas de la cuota de abono y de las tarifas de interconexión a su red de larga distancia que cobra a otras operadoras. Por su parte, el BBVA considera que el procedimiento abierto por el SDC es "habitual y rutinario". El banco señaló que su alianza con Telefónica sigue su desarrollo normal, ya que la apertura del expediente no supone ninguna paralización o retraso.
Sin embargo, la lentitud con la que se ejecutan los acuerdos requirió el pasado mes de marzo la creación de una comisión de seguimiento -presidida por los presidentes de Telefónica, Juan Villalonga, y BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González- que impulsará su desarrollo.
La comisión se creó después de que se cerraran las puertas de la vicepresidencia y del consejo del BBVA a Villalonga, en contra de lo inicialmente pactado. La operadora pactó tomar un 3% del banco y éste elevaría del 8,75% al 10% su participación en la operadora. Esas adquisiciones en el mercado no se han materializado dos meses y medio después de la alianza.
