El Consell echa una mano

El Ayuntamiento de Benidorm parece haber encontrado el cuerno de la abundancia con el auge de la construcción, que se presenta como la gran oportunidad para superar definitivamente la crisis financiera de las arcas municipales y garantizar abundantes recursos para dotaciones públicas. No sin la oposición de las empresas urbanizadoras, el equipo de gobierno acaba de instaurar, con carácter general y obligatorio, el pago de 10.000 pesetas a la hacienda pública local por metro cuadrado de vivienda construida.No se trata de un impuesto, tasa o gravamen de nuevo cuño, sino de una fórmula ideada para evitar que la iniciativa privada se beneficie de las infraestructuras que asume la Generalitat cuando, según el planeamiento urbanístico, se trata de una inversión que debían afrontar quienes se enriquecen con el desarrollo del suelo.

El concejal de Urbanismo, Antonio Botella, reconoce que la medida puede resultar difícil de comprender, pero la cree de justicia. Según la normativa en vigor, el desarrollo de millones de metros cuadrados para levantar bloques de apartamentos exigía compensaciones de la empresa privada a la ciudad, para dotar un vial estructurante cuya construcción requería una inversión superior a los 2.000 millones de pesetas, plantas depuradoras, colectores, parques y jardines, plazas, nuevos accesos, desdoblamiento de carreteras y otras dotaciones públicas. Como quiera que esas obras han sido asumidas, íntegras, por la Generalitat, el Ayuntamiento ha decidido no dejar escapar el dinero, y traduce en ingreso líquido por unidad residencial lo que las empresas debían invertir en obra.

De esta forma, si la ejecución de un plan parcial se compensaba con obra pública por valor de 500 millones de pesetas, por ejemplo, el Ayuntamiento benidormí ingresará en metálico una cantidad idéntica, ya que las infraestructuras se sufragan por cuenta de las arcas autonómicas.

Por esta vía, el Consistorio calcula una recaudación de 10.000 millones de pesetas en los próximos cuatro años, una cifra que se aproxima al total de la deuda municipal. "No es un gravamen, porque las urbanizadoras ya tienen prevista esa inversión cuando optan a un plan de desarrollo urbanístico" en el municipio, señala el edil Antonio Botella. "Lo que ocurre es que la Generalitat Valenciana ejecuta esas obras, y el Ayuntamiento no liberará a las empresas de esas cargas, que destinaremos a ejecutar otras obras".