POR UNA TELEVISIÓN DE TODOS Consejos para el audiovisual Bernardo Díaz Nosty

La necesaria desregulación del audiovisual y de las telecomunicaciones se ha hecho bajo el doble señuelo de la libertad de expresión y el fin de los monopolios públicos. Un proceso imbuido de excesivos tics tecnocéntricos y mercantiles, pero extremadamente parco en la evaluación de los impactos sociales, incluidos aquellos que alcanzan a la cultura democrática. Es en este espacio teórico donde cabe encuadrar el futuro Consejo del Audiovisual de Andalucía (CAA), anunciado hace un par de semanas en este diario por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.La figura del Consejo, que en el caso de Francia ya tiene una vigencia de 11 años, atiende hoy a las necesidades más recientes del audiovisual. En España, durante la úlima década, se ha pasado de un sistema de monopolio público a un modelo mixto de televisión. Pero el escenario se ha hecho aún más complejo con el cambio de matriz tecnológica que anuncia la explotación digital. A pesar de los impulsos de la desregulación, que sitúan a España entre los países más activos de la Unión Europea, los desarrollos normativos de amparo cívico, esto es, de anclaje democrático del fenómeno emergente, son escasos o nulos.

Asimetría en el desarrollo del audiovisual

Hay una asimetría en el desarrollo del sistema audiovisual que inclina el peso de las políticas de comunicación hacia el lado de los emisores y abandona, prácticamente a su suerte, a las audiencias, cuyo máximo valor parece su cuantificación numérica como activo de los canales de televisión. Por eso, el Consejo del Audiovisual deberá tratar de corregir esa asimetría y trabajar, de manera preferente, sobre la dimensión cívica de las audiencias.

No es aconsejable crear un Consejo del Audiovisual en Andalucía con un carácter mimético de otros modelos. O se fija una razón clara de partida, un criterio de eficacia definido, o vendrá a ser una instancia más de control carente de contenidos, como en buena medida son hoy los Consejos de Administración de las televisiones públicas. Por eso es necesario establecer diáfanamente la dirección estratégica de una institución que está llamada a jugar un papel relevante en el desarrollo cultural y político de Andalucía.

El Consejo del Audiovisual deberá concebirse con criterios muy equilibrados de representación social y una amplia autonomía, porque si no es así se convertirá en un órgano de oligarquización política. Los procesos de oligarquización política, como demuestra la experiencia, devalúan el papel de los medios públicos y de las políticas informativas, llegando, en la práctica, a una especie de privatización partidista de la comunicación. Es aconsejable evitar una expansión del espacio político delegado sobre territorios que la sociedad civil puede gestionar directamente.

Efectos sociales, culturales

y políticos

En Andalucía, la televisión está presente de manera significativa en la vida de los ciudadanos. En 1998, la población laboral ocupada alcanzaba en las tareas de trabajo reglado 9,3 millones de horas diarias. El consumo audiovisual ese mismo año, entre mayores de 14 años, se elevó a 21,4 millones de horas diarias, 2,6 veces más que la cifra del cómputo laboral. Es preciso prestar atención a la realidad que encierran estas cifras y no volver la espalda a los efectos políticos, culturales y sociales del medio; aceptar que estamos ante un fenómeno que condiciona la capacidad de innovación y movilización sociales, la creatividad cultural, la socialización de los menores, el ocio y las expectativas de los mayores.

También, contextualizar en su verdadera dimensión el territorio de referencia, sobre el que se proyecta el Consejo. Andalucía, con 7,4 millones de habitantes, más que Dinamarca, Irlanda o Finlandia, no lejos de los que pueblan Suecia, Grecia, Austria o Portugal, tiene entidad demográfica suficiente para aspirar a un sistema de medios moderno y con proyección externa, pero también con órganos de control social que atiendan una parcela que con tanta intensidad alcanza el tiempo libre de sus ciudadanos.

El CAA deberá velar por la dignidad de los contenidos del audiovisual en general y, de manera más concreta, del audiovisual público. Evitar esa disparidad entre las políticas públicas de instrucción y un sistema audiovisual que debilita o desinstala aquellos valores de socialización que están en el horizonte de los proyectos de gestión pública. Promover que la televisión pública se especialice en el territorio y en el desarrollo de los valores que contribuyen al progreso de la comunidad que la sostiene. No son propuestas utópicas. Basta con mirar el audiovisual público del Reino Unido, Francia o Alemania para entender el camino que le queda por recorrer al modelo español.

Redefinición del audiovisual público en Andalucía

El audiovisual público, así entendido, no renuncia al gran público, hasta ahora patrimonio de la seducción comercial, pero precisará orientarse más a los públicos, a los distintos públicos que configuran los intereses plurales del territorio. Profundizar en líneas de tematización que cubran demandas de las audiencias que no se ven satisfechas por la televisión generalista comercial. Enfocar el esfuerzo hacia una oferta especializada que favorezca el desarrollo integral del territorio, la innovación social, la movilización de la inteligencia. Lograr una complicidad creativa con los estamentos, núcleos e instancias sociales que influyen, a su vez, en el cambio y progreso del conjunto de la sociedad.

En materia de medios, Andalucía tiene claros déficits en los consumos de prensa diaria, revistas y radio convencional, con un nivel de acceso a Internet que marca nuevos retardos respecto de otras comunidades.

Corresponde a la televisión, con una audiencia generalizada, un papel de compensación y corrección de las carencias reseñadas, circunstancia que entraña, especialmente para la televisión autonómica, una enorme responsabilidad en la oportunidad de los contenidos ofertados.

El Consejo deberá unir a las tareas de estímulo del audiovisual autonómico, muy centrado en la producción autóctona, su decidida defensa de la cultura y de la imagen de la comunidad.

La imagen de Andalucía forma parte del patrimonio de todos los andaluces y la defensa de esta imagen, tantas veces distorsionada por tópicos extemporáneos, debe ser uno de los cometidos del CAA.

Es difícil entender la discordancia entre la imagen que recrean algunos medios -en ocasiones la propia televisión autonómica- y la realidad social y cultural.

El CAA deberá, asimismo, garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, con una extensión, al menos en los medios públicos, que alcance también al derecho al ocio y al entretenimiento dignos.

Igualmente, promover el desarrollo de una cultura crítica y responsable del consumo de los medios y ampliar el espacio público de debate de los andaluces a los problemas reales de su tiempo, con la más que necesaria superación de un modelo de televisión paternalista y conservador.

Bernardo Díaz Nosty es catedrático de Tecnología de Información de la Universidad de Málaga.