La fiscalía apoya refundir las penas a Ismael Miquel, miembro del GAL

La fiscalía del Tribunal Supremo se ha sumado a la petición realizada por la defensa del miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Ismael Miquel Gutiérrez para que se refundan las dos penas de cárcel a las que ha sido condenado: primero en Tailandia (40 años por narcotráfico), y después en España, 45 años por el asesinato del francés Robert Caplanne en 1985. Si la Sala Segunda del Tribunal Supremo admite el recurso de casación, el mercenario de los GAL, que lleva en prisión casi 14 años, podría conseguir en pocos años el tercer grado (que permite ir a dormir a casa), y en cinco la libertad. La Audiencia Nacional rechazó la refundición porque las sentencias las dictaron tribunales de diferentes países y por delitos de diferente naturaleza que no pueden juzgarse conjuntamente.

Ismael Miquel se convirtió en mayo de 1999 en el primer ciudadano condenado en España por "militancia" en el "grupo armado" de los GAL. Su comando asesinó en Francia el 14 de diciembre de 1985 a Caplanne al confundirlo con el miembro de ETA Enrique Errazti Villar. La Audiencia Nacional le condenó a un total de 45 años de cárcel. En la resolución, la Audiencia lamentaba que este caso se volvía "a cerrar en falso" porque no habían conseguido identificar a las "autoridades" del Ministerio del Interior que ordenaron el crimen y estaban en la cúpula de los GAL. Miquel no recurrió la sentencia, y su abogado pidió en noviembre la refundición de las penas.

La primera condena contra el mercenario y confidente policial fue dictada en Tailandia, donde Miquel fue arrestado por tenencia de 705 gramos de heroína pura el 2 de abril de 1986. El mercenario de los GAL estuvo en prisiones tailandesas, "ininterrumpidamente encadenado" según su abogado, hasta el 18 de enero de 1997, cuando fue trasladado a España para ser juzgado por el asesinato de Caplanne.

El fiscal Antonio del Moral basa su apoyo a la petición de la defensa en la acumulación de penas a un máximo de 30 años en una interpretación "flexible y generosa" del principio constitucional favorable a la resocialización del reo. La acusación cree que no hay conexión posible entre los hechos juzgados en España y Tailandia y que su diferente naturaleza hubiese imposibilitado un juicio conjunto.