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Entrevista:MEDIO AMBIENTE

Corinne Lepage Ex ministra y abogada de víctimas del 'Erika' ''Los voluntarios del 'Erika' hicieron un regalo a la petrolera"

Corinne Lepage es una mujer menuda y resuelta. Entre 1995 y 1997 fue ministra de Medio Ambiente con la derecha en Francia. Dos veces amenazó con dimitir para no firmar sendas actuaciones que ella consideraba perjudiciales. Y en ambas ganó. Hoy, como abogada de 50 municipios y un centenar de particulares afectados por el accidente del petrolero Erika en las costas francesas el pasado 12 de diciembre, persigue a un fantasma. Esta semana estuvo en Madrid invitada por la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo.Pregunta. ¿Por qué resultan tan impunes los delitos ecológicos?

Respuesta. Por dos razones. La primera, porque las infracciones en temas medioambientales se castigan poco. El derecho penal, en general, funciona sólo en el caso de que haya riesgo para la salud causado por este ataque a los recursos. La segunda es de orden cultural. Hasta ahora los delitos contra el medioambiente no han sido considerados como graves. ¿Es un problema de la conciencia colectiva o del poder político? Constato que los jueces suelen ser más severos que el legislador para este tipo de infracciones, siempre dentro de los límites que tienen.

P. ¿Son necesarias leyes más severas en la UE?

R. Hace falta más eficacia para aplicar lo que ya hay. Si existe una Europa de la economía, la Europa de la justicia y la política aún es balbuceante.

P. El problema en estos delitos es encontrar un responsable.

R. No es así en todos los campos. En explotaciones contaminantes fijas es muy simple: el responsable es el productor. Hay un esfuerzo a nivel europeo para señalar a un responsable, que luego, a su vez, puede pedir cuentas a un tercero, pero en ningún caso esta tarea es de las víctimas. En derecho marítimo es diferente: es un sistema organizado sobre la no responsabilidad. Existe una convención internacional de 1969, modificada en 1992, que considera que sólo hay un culpable, que es el propietario del buque y con una responsabilidad muy limitada. El resto, armadores o capitán, nunca dan cuentas salvo que haya una intencionalidad al provocar el accidente, lo cual es casi imposible de demostrar. El FIPOL nunca es suficiente para pagar los estragos.

P. Con estas trabas, ¿cómo plantea la defensa de las víctimas del Erika?

R. De dos maneras. Una, de la forma tradicional vía tribunales. Y otra, partiendo de una constatación muy simple: la Unión Europea aplica el principio de que quien contamina paga. En este caso, el productor de los vertidos es el que debe encargarse de limpiarlos. He pedido a los alcaldes que yo defiendo que promulguen decretos pidiendo a TotalFina que recoja sus vertidos. La compañía es responsable, al menos, de haber elegido un barco podrido. No es normal que sea la víctima quien asuma el coste de la limpieza. Si TotalFina estima que hay otros culpables es ella la que tiene que buscarlos, pero no es papel de los ayuntamientos el limpiar un producto que, además, es peligroso. Es más chocante en este caso porque el saneamiento se hizo a base de voluntarios. Es un regalo a los contaminadores tremendamente injusto.

P. La indemnización tras el accidente del Amocco Cádiz superó los mil millones de francos y sólo contaminó un 5% de lo que ha hecho el Erika.

R. El Erika tenía menos petróleo, pero mucho más tóxico. Alcanzó 400 kilómetros de costa. Las consecuencias económicas serán mucho más importantes.

P. ¿Se puede cuantificar el daño?

R. Es difícil. Estamos hablando de unas 80.000 aves muertas. En EEUU, cuando hay este tipo de accidentes se paga la repoblación de aves. El FIPOL rechaza esta posibilidad.

P. ¿Un ecologista es un buen ministro de Medio Ambiente?

R. No se cómo responder porque yo no soy ecologista. Hay que luchar por lo que a uno le parece ético. Como ministra hubo asuntos a los que dije que no. Uno de ellos se refería a la autorización del cultivo transgénico. Yo no lo hubiera aceptado. Pero no tuve problemas porque el primer ministro me dio la razón. En el segundo caso, el Consejo de Estado anuló la autorización de funcionamiento de una gran central nuclear y el primer ministro quería volver a ponerla en marcha. Yo me negué porque en este momento no estaba garantizada la seguridad, y presenté mi dimisión, que finalmente no fue aceptada. Al año de dejar el ministerio, los cultivos se autorizaron.

P. ¿Por qué rechazó el cultivo?

R. Pedí informes a los expertos sobre la posibilidad de que pudiera producirse una contaminación genética. Unos me aseguraron que nunca, y otros, muy fiables, dijeron que quizá. Yo consideré que no podía asumir la responsabilidad moral de lanzar un fenómeno irreversible sin garantías.

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