Sanción máxima para el gerente de Urbanismo por incumplir la orden de derribar la iglesia ilegal

JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso ayer una multa de 250.000 pesetas -la máxima legal prevista- al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Luis Armada, por incumplir la orden de derribar la iglesia de Nuestra Señora de Las Fuentes, situada en el barrio del Pilar. Así lo establece en un auto la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia. En ese auto, además, el tribunal ordena que se abran diligencias penales contra Armada por un supuesto delito de desobediencia y reitera que la orden de derribo conserva plena vigencia aún.

La multa de 250.000 pesetas, que Armada deberá pagar de su propio bolsillo, ya es firme. Y eso no es todo: si dentro de 20 días, a contar desde ayer, Armada sigue sin derribar la parte ilegal del citado edificio religioso, recibirá otra sanción económica y la imputación de un segundo delito de desobediencia, y así sucesivamente, según el auto judicial. Esta resolución es la tercera que dictan en menos de un mes los cinco jueces de este tribunal ordenando al Ayuntamiento que derribe de una vez por todas la iglesia. No obstante, si pasase el tiempo y la iglesia siguiese en pie, el tribunal emplearía entonces igual mecanismo jurídico (multa y deducción de testimonio), contra el concejal de Urbanismo y, más adelante, contra el alcalde de Madrid.Son ya 27 las personas vinculadas al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que van a tener que responder ante un juez penal por haber obstaculizado la orden de demolición parcial de esta ilegal edificación enclavada en la calle de Villa de Marín. Se trata de tres técnicos municipales y de los 23 concejales del Ayuntamiento de Madrid (21 del PP, incluido el alcalde, y los dos de IU) que votaron el pasado 23 de marzo a favor de "legalizar" este templo, mediante un estudio de detalle de dudosa legalidad, a sabiendas de que existía sobre él una orden de derribo. El citado acuerdo plenario ha sido anulado por el Tribunal Superior y el anuncio del Ayuntamiento de que recurrirá el fallo ante el Supremo no invalida la orden de derribo, según el auto. El tribunal cree que todos estos ediles han podido cometer "un delito contra el territorio". A estos ediles imputados se suma el gerente de urbanismo, quien tendrá que responder de un delito de desobediencia.

Todo este cúmulo de órdenes judiciales y desobediencias municipales es fruto de la denuncia de dos vecinos de un inmueble de 14 pisos colindante a la iglesia, que fue contruida en 1988 contraviendo las normas previstas en el Plan de Ordenación Urbana de 1985.

Dos denunciantes

Los vecinos acudieron a los tribunales alegando que la escasa distancia -menos de siete metros- existe entre la pared trasera del templo y la frontera del bloque de viviendas tapona la luz solar y les obliga a tener encendida la artificial durante el día.

El Arzobispado de Madrid, dueño de la iglesia, sostiene que tan corta distancia se debe a que parte del bloque de pisos se construyó sobre suelo de su propiedad.

En el auto notificado ayer a las partes, los jueces vuelven a instar al Ayuntamiento a cumpla la sentencia de demolición parcial, vigente desde 1993, y critican con dureza, aportando datos y fechas, la "falta de voluntad" que durante los últimos años ha demostrado el consistorio para ejecutar un derribo que es firme y contra el que no cabe ya recurso, pues cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo.

En el auto, los magistrados reiteran al Ayuntamiento su obligación constitucional de cumplir las resoluciones judiciales. Asimismo, le advierten de que desde hace años dispone de autorización para utilizar las fuerzas del orden contra quien se oponga al derribo.

En las dos ocasiones en que se ha incumplido la orden de derribo, el Ayuntamiento ha esgrimido la presencia de feligreses dentro y fuera de la iglesia para no acatarlas. Según los jueces, el Ayuntamiento no sólo no ha demostrado "una voluntad real" de acatar la orden, sino que "parece" que durante estos años ha actuado en connivencia con el arzobispado para "dilatarla".

A estas alturas del procedimiento judicial, ni siquiera un posible pacto económico -que se está intentado- entre el arzobispado y los dos vecinos del bloque denunciantes puede frenar ya la orden de demolición que aún pende sobre este polémico edificio religioso.