Una asociación de guardias civiles denuncia la ilegalidad de los arrestos domiciliarios

La asociación de guardias civiles Coproper-6J le ha remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que denuncia que la imposición de arrestos domiciliarios a los guardias es "ilegal".Coproper, asociación mayoritaria en el instituto armado con 12.500 guardias afiliados, solicita el amparo del Defensor del Pueblo para lograr que se supriman estos arrestos de la ley disciplinaria del cuerpo porque "incumplen la normativa europea".

En su informe recalcan que estos arrestos vulneran el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que firmó España en 1977. Este convenio prohíbe que nadie sea privado de libertad salvo por sentencias dictadas por tribunales competentes o detenciones e internamientos conformes a la ley.

La asociación cita diversas sentencias del Tribunal Constitucional que califican estos arrestos en los domicilios como privaciones de libertad, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que los consideraba como una mera restricción de libertad.

España solicitó y consiguió que se excluyeran de este convenio europeo a las Fuerzas Armadas, para que continuara siendo legal sancionar a los militares con privaciones de libertad. Sin embargo, Coproper recuerda que el Tribunal Constitucional ya remarcó en una sentencia de 1994 que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas desde que en 1991 dejó de estar sometida a las leyes militares.

"Todos los arrestos domiciliarios impuestos a los guardias civiles en la última década, a razón de unos 5.000 anuales, son irregulares", denuncia un portavoz de Coproper. "Los mandos abusan de este tipo de sanciones y los guardias sólo pueden reclamar o impugnarlas cuando ya han cumplido el arresto".

Unas privaciones de libertad "desproporcionadas" que, según Coproper, generan "serios problemas psicológicos como depresiones y estados de ansiedad", a los centenares de guardias que las sufren y que "a veces no logran recuperarse". Citan el caso de una guardia, María José R. F., que ha padecido una grave depresión tras pasar cinco meses en privación de libertad por negarse a participar en un control de vehículos que, según ella, ponía en peligro la seguridad del tráfico al efectuarse con pocos medios y agentes.