Los pagos 'políticos' del Consorcio de Turismo

El Consorcio de Promoción Turística de Cataluña (hoy Turismo de Cataluña), cuya gestión hasta 1995 está siendo investigada por el Juzgado número 11 de Barcelona, contrataba informes y servicios con empresas de personas vinculadas a Unió Democràtica (UDC). Algunas están relacionadas con la investigación sobre la financiación de ese partido.Entre ellas se encuentra Gestumer, propiedad de Víctor M. Lorenzo, ex cuñado de Josep Sánchez Llibre y secretario de la Fundación Fecea, que en 1994 cobró 2.932.500 pesetas por el informe Nuevos retos del sector turístico en el proceso de unidad europea. Asimismo Gestumer recibe ayudas (60 millones en los últimos seis años) del Departamento de Trabajo -también dirigido por UDC- para formar parados.

Lo mismo ocurre con Pasanger, SL, que en febrero de 1994 recibió del consorcio público 2.990.000 pesetas por el informe Nuevas perspectivas del turismo con el Benelux. Pasanger se constituyó para la "venta de materiales de construcción y la actividad publicitaria para empresas" y su titular, Eugenio Guijarro, es socio de Víctor M. Lorenzo en otras empresas, como WBC. El interés por los Países Bajos era tal en el organismo público de la Generalitat que en el mismo ejercicio de 1994 otra empresa, Ecotur, SL, recibía también 2.990.000 pesetas por el informe titulado Análisis sobre movimientos turísticos de los Países Bajos.

La empresa Gerc, SL, que hasta 1995 fue administrada por el ex concejal de Unió en el Ayuntamiento de Barcelona Modest Batlle y en la que figura actualmente como apoderado el ex consejero de Industria, Comercio y Turismo Lluís Alegre (que era presidente del consejo de gobierno del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña), recibió 12 millones por dos informes para el consorcio. El primero era un plan de promoción turística para el Berguedà tras los incendios de julio de 1994, y el segundo, un "análisis de la competitividad del turismo del golf en Cataluña", según reza en un informe del sucesor de Alegre, Antoni Subirà, dirigido al Parlament.

Santiago Vallvé, un militante de Unió que se ha hecho famoso por su aparición en un vídeo tomado en las oficinas del empresario andorrano Fidel Pallerols (titular de tres centros subvencionados por Trabajo y que supuestamente es financiador de Unió, según aparece en la contabilidad de sus empresas), es el titular de otra de las empresas que cobraron del consorcio por varios informes en la época en que estuvo dirigido por Joan Cogul, también militante de Unió. Santiago Vallvé es, además de fundador de la Fundación Fecea, titular de Global Business, SL, que recibió 2.998.500 pesetas por un informe sobre la "reorganización del agroturismo" y 2.990.000 por un "estudio para la promoción del sector del cámping". Ambos pagos se hicieron efectivos en 1994.

Otras empresas que hacían informes eran GFE Associats, que fue patrocinada por Xavier Hernández, y Socesca, relacionada con círculos de Unió, que elaboró uno sobre "la navegabilidad del río Ebro" (5,9 millones).

A pesar de que el control político del consorcio estaba en manos de Unió durante el periodo cuyas actividades han llegado al juzgado, empresas pertenecientes a significados militantes de Convergència Democràtica (CDC) también obtuvieron importantes contratas y favores. Quizá ello explica por qué Antoni Subirà, de CDC, no quiso llevar al juzgado las irregularidades descubiertas por la Intervención general de la Generalitat.

Es el caso de Alexandre Betoret, ex director general del consorcio (cuya empresa Betoret & Asociados cobró 20 millones de pesetas por informes en 1995), que dimitió en pleno escándalo por favores a varios proveedores. Entre 1991 y 1995, la firma de Betoret cobró 78 millones del consorcio.

Otro ex alto cargo de la consejería, Ángel Miguel Sanz, cobró del consorcio unos 130 millones de pesetas a través de su empresa Serviturisme, casi siempre por informes. Miguel Sanz abandonó la dirección general del Departamento de Turismo en octubre de 1990, pero siguió siendo presidente de la sectorial de turismo de CDC. Uno de los trabajos de Serviturisme fue una Guía del autocarista que era una fotocopia de un folleto de la propia consejería.

El Grupo Serhs, presidido por el convergente Ramon Bagó, alcalde de Calella, obtuvo contratas del consorcio por 39 millones entre 1992 y 1995, además de lo recibido por su revista Publintur. La Asociación Catalana de Parques Acuáticos, dirigida por Josep Maria Camas, cuñado de Ramon Bagó, recibió también 36 millones.

La empresa que percibió 35 millones por adecuar la nueva sede del consorcio, Indubasa, era propiedad de Joan Domènech, ya fallecido, conocido por ser presidente de la Asociación Catalana de Estaciones de Montaña, receptora de múltiples subvenciones del Consorcio de Turismo. Domènech era propietario de Publiobjeto, empresa suministradora de objetos de regalo que comenzó a vender al consorcio en la época de Betoret y siguió haciéndolo con la denominación Big Stone cuando lo dirigía Cogul.

Joan Molist, presidente de la Asociación Catalana de Agencias de Viaje (ACAV), obtuvo 47 millones entre 1992 y 1995, en parte relacionados con viajes de la tercera edad. Un informe encargado a la ACAV sobre la reestructuración del sector de las agencias de viaje fue elaborado por Serviturisme, de Ángel Miguel Sanz, y ese extremo figura como irregularidad en los informes de la propia Intervención General de la Generalitat.