Urbanismo denuncia ahora anomalías en el bloque tapado por la iglesia ilegal. "Sacar los defectos de los pisos es un abuso", dice el abogado de los vecinos

La pugna entre el arzobispado de Madrid y el Ayuntamiento, de una parte, por defender la integridad de una iglesia, y dos vecinos, por otra, que quieren que se derribe porque les quita la luz y es ilegal, se complica. Ayer, un día después de que se hiciera público el auto por el que el Tribunal Superior de Justicia abría diligencias penales contra 23 concejales por votar a favor de la legalización de esta parroquia, el gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, dijo que "hay posibilidad" de que el edificio que se derribe no sea el eclesiástico, sino el de los vecinos.El enfrentamiento que divide al arzobispado y a los dos residentes de la planta baja del edificio de viviendas se debe a que la iglesia Nuestra Señora de las Fuentes, en Fuencarral, se construyó en 1988 a menos de ocho metros del otro inmueble. Esta distancia es la mínima marcada por la ley. Los dos vecinos llevaron el asunto a los tribunales, que sentenciaron en 1993 el derribo de lo construido ilegalmente, que coincidía con el altar mayor del templo. El último paso es el dado por el Tribunal Superior de Justicia, que ha abierto diligencias penales contra 23 concejales del Ayuntamiento (21 del PP, incluido el propio alcalde, José María Álvarez del Manzano, y dos de IU) por un supuesto delito "contra el territorio". Estos concejales aprobaron legalizar, en un pleno celebrado el 23 de marzo, la situación urbanística de la parroquia aun a sabiendas de que contra ella pendía una orden en firme de demolición.

El gerente de Urbanismo, Luis Armada, asegura que "posiblemente" la licencia que otorgó el Ayuntamiento en 1984 para construir el bloque de viviendas "estaba mal dada". "Está claro que el bloque de viviendas se construyó cuatro metros fuera de sitio, y la iglesia se edificó correctamente, pero a menos de ocho metros. El arzobispado también ha llevado a los tribunales la construcción del edificio de viviendas y un juez decidirá, y esa decisión podría acarrear consecuencias imprevisibles para los vecinos", explica Armada. "Igual que un juez ha ordenado el derribo de la iglesia, otro juez puede ordenar el derribo del bloque de pisos, aunque los jueces se piensan mucho estas cosas", señaló.

Armada aseguró que el municipio "intentó" demoler la iglesia varias veces. "La última, el 17 de marzo, pero, ante la oposición de los vecinos, se desistió". El gerente municipal de Urbanismo sostiene que la orden judicial "era para antes del 17, con lo que el Ayuntamiento está a la espera de una nueva orden; si no, no demolerá nada".

En contra de lo que afirma Armada, el Ayuntamiento tiene obligación de demoler la iglesia, según los jueces, aunque haya fracasado en el intento anterior. El Tribunal Superior remitió un escrito al Ayuntamiento el 21 de marzo en el que se dice: "La Sala quiere recordar que la sentencia del 3 de junio de 1993 sigue sin ser real y efectivamente ejecutada, obligación que sigue pesando sobre la Gerencia de Urbanismo".

El abogado de los dos vecinos, Javier Dorca Mercader, sostiene que no tiene sentido recordar ahora que la licencia del bloque de viviendas se otorgó de manera inadecuada porque "las posibles anomalías de las licencias de edificación prescriben a los cuatro años". "Es un abuso por parte del Ayuntamiento de Madrid sacar ahora los defectos urbanísticos de un bloque levantado en 1983".

"Es cierto que el arzobispado llevó a los tribunales en 1996 el bloque de viviendas, pero es un asunto paralizado en los juzgados desde hace mucho", añadió Dorca Mercader.

Armada quiso dejar claro que la intención del Ayuntamiento y del arzobispado "es llegar a un acuerdo con esos dos vecinos". "Las dos administraciones les hemos ofrecido 35 millones de pesetas a cada uno para que se acabe el pleito. No es dinero por su piso. Se pueden quedar con el piso. Es por las molestias causadas", especificó ayer el gerente municipal de Urbanismo, que añadió: "Además, el Plan General prevé como legalizable esta situación, y eso es lo que se intentó en el pleno". El grupo municipal socialista, que se abstuvo en la votación de ese pleno, ha reclamado que se acepte de una vez la sentencia y se derribe la parte ilegal de la iglesia.

En IU la reacción ha sido diferente y paradójica. La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, presente en ese polémico pleno, aseguró que el voto favorable de los dos concejales de su grupo en ese punto se debió "a un error" resultado de que la sesión fue "tumultuosa" por otros asuntos y por la prisa a la hora de debatirlo. Sin embargo, Juan Ramón Sanz, portavoz de IU en la Asamblea, que no asistió a ese pleno, contradijo a su compañera y aseguró a Efe: "El voto estaba bien hecho. De esta manera, IU ha dado un ejemplo de buen hacer. En política hay que tomar partido. Si un conjunto de feligreses pierde este servicio, lo va a perder durante muchos años".