El juez abre diligencias contra el alcalde y 22 concejales por legalizar una iglesia. Los magistrados sostienen que los 23 concejales pudieron cometer un delito urbanístico

La Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado en un auto firmado por sus cinco magistrados abrir diligencias penales por un supuesto delito "contra el territorio" contra tres técnicos municipales y 23 concejales del Ayuntamiento de Madrid (21 del PP, incluido el alcalde, José María Álvarez del Manzano, y dos de IU). Se trata de los 23 ediles que el pasado 23 de marzo votaron a favor de legalizar la situación urbanística de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (barrio del Pilar) aun a sabiendas de que existía una orden judicial firme de demolición sobre ella.El alto tribunal también ha resuelto en su auto anular el acuerdo plenario en el que los citados ediles acordaron legalizar una edificación religiosa construida en 1988 a sólo siete metros de un edificio de viviendas, vulnerando el planeamiento urbanístico vigente en aquel año. "El acuerdo [que tomó la corporación municipal] es nulo de pleno derecho", explican los magistrados, "porque contraviene de manera patente las normas urbanísticas (...), habiendo sido dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia de 3 de junio de 1993". Los magistrados han apreciado también "temeridad y mala fe en el Ayuntamiento de Madrid al dictar el acuerdo del 23 de marzo".

En el seno del tribunal existe un profundo malestar por el incumplimiento de la orden de derribo y en varios autos ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de utilizar argumentos "ficticios" para no proceder a una demolición que cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo y el Constitucional. Ante estos órganos ha acudido sin éxito el arzobispado de Madrid, dueño de la iglesia, para intentar evitar la demolición de la parte del templo que no respeta la normativa urbanística.

La parte de la iglesia que acoge el altar debió ser demolida hace siete años, si bien el Ayuntamiento de Madrid ha demorado su derribo en al menos dos ocasiones, la última, el pasado 16 de marzo, alegando que cuando acudía allí la piqueta municipal, más de 300 feligreses impedían el derribo.

En el auto, firmado por el magistrado Fernando de Mateo Menéndez, y notificado ayer a las partes, el Tribunal Superior deja entrever una supuesta connivencia entre el Ayuntamiento y el arzobispado, dueño del templo, para incumplir la orden de derribo. Tras relatar las distintas órdenes e incumplimientos de las mismas, los jueces señalan: "Parece como si en algunas ocasiones el Ayuntamiento y el arzobispado hayan actuado de común acuerdo".

Al Tribunal Superior de Justicia le llama la atención, por ejemplo, el hecho de que hubiese feligreses concentrados frente a la iglesia en las dos ocasiones en que se ha desplazado al lugar la piqueta municipal. Y también que el arzobispado de Madrid informase de que el Ayuntamiento iba a legalizar la situación de la iglesia, como así ocurrió el 23 de marzo en el pleno municipal, justo al día siguiente del segundo incumplimiento de la orden de derribo.

Sostienen los magistrados que la legalización de la iglesia, pese al acuerdo municipal, es contraria al planeamiento urbanístico. "Resulta extraño", señala el auto, "que si la situación de la iglesia fuera acorde al Plan General [de 1997] se haya tardado casi tres años por parte del Ayuntamiento en darse cuenta de tal circunstancia".

Tras observar falta de "voluntad" en el Ayuntamiento para ejecutar el derribo y el desesperado intento municipal de "legalizar" el templo mediante un expediente urgente que se tramitó en sólo 15 días, el Tribunal Superior ha optado por remitir las diligencias a un juzgado de instrucción de la plaza de Castilla. Un juez investigará ahora, por la vía penal, si los citados ediles y técnicos cometieron un delito contra la ordenación del territorio.

El tribunal indica que todas estas personas (concejales y técnicos), al tramitar la legalización de un edificio pendiente de demolición judicial, han podido cometer un delito tipificado en el artículo 320 del Código Penal, que establece: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este código [inhabilitación] y, además, con la de prisión de seis meses a dos años de cárcel o la multa de 12 a 24 meses". El apartado 2 de este artículo añade: "Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión [de la licencia] a sabiendas de su injusticia".

La contundente decisión de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -de anular el acuerdo plenario y de deducir testimonio contra los 23 concejales- se produce tras incumplir reiteradamente el Ayuntamiento la orden de demolición que pesa sobre la parte de la iglesia colindante al altar y construida en 1988.

A siete metros

Esta edificación, según los jueces, incumple la normativa urbanística porque está situada a menos de siete metros de un edificio de 14 pisos y tapona la luz natural a dos de sus vecinos, que en el litigio emprendido contra el arzobispado han sido defendidos por el letrado Javier Dorca Mercader.

El Tribunal Superior, con el respaldo del Supremo y del Constitucional, ordenó derribar la edificación hace siete años. Finalmente, el 3 de marzo dictó un auto en el que daba al Ayuntamiento un plazo hasta el día 17 de ese mes para que derrribase la edificación. El Ayuntamiento no lo hizo alegando que 300 vecinos se habían congregado ante sus puertas y, a continuación, envió un escrito al tribunal recabando su autorización para utilizar la fuerza física. El Tribunal Superior entendió que ese escrito era una nueva estratagema del municipio para demorar el derribo y le recordó que hace tiempo que dispone de autorización para utilizar la fuerza y derribar la parte ilegal de la iglesia. Así, calificó de "ficticios" los supuesto intentos del Ayuntamiento para cumplir la orden de derribo. El abogado Javier Dorca pedirá hoy que se imponga una multa de 250.000 pesetas al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, por supuesta "simulación de derribo".