El TSJ prohíbe al Consell registrar en un fichero la "ideología" de los representantes sindicales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió ayer una sentencia que prohíbe a la Generalitat registrar en un fichero informático datos relativos a la "ideología" de los representantes sindicales dentro y fuera de la Administración. La sentencia considera que la pretensión de registrar la ideología entraña "tanto un claro, indubitado, grave y directo ataque a la intimidad personal" como "una vulneración esencial" de un derecho fundamental.

La Consejería de Empleo emitió una orden en abril de 1999 que pretendía registrar a todos los representantes sindicales de la Comunidad Valenciana en un fichero informático. Formalmente, la iniciativa perseguía agilizar "usos estadísticos y de control de la gestión, elaboración de la representatividad de las elecciones sindicales, de sindicatos de trabajadores y funcionarios".La orden pretendía que los candidatos a representantes de los trabajadores en las elecciones sindicales aportaran una serie de datos genéricos habituales y que consignaran, además, su "ideología" y el "sindicato" al que pertenecían.

La Federación de Servicios Públicos de la UGT del País Valenciano recurrió la orden ante el TSJ y exigió que se retiraran las menciones a la "ideología" y a la adscripción sindical de los candidatos. La Generalitat solicitó que se confirmara la redacción de la normativa mientras que el fiscal solicitó que se desestimara el recurso. Pero la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del TSJ ha emitido un fallo tajante que "anula" la orden firmada por el ex consejero de Empleo Diego Such, "en el extremo relativo al dato de ideología, así como su exclusión de los ficheros informatizados en que se halla incluido", porque vulnera dos preceptos constitucionales. Sin embargo, invoca el "libre derecho de sindicación" para desestimar la segunda exigencia de UGT.

La orden de la Consejería de Empleo recoge toda una serie de garantías sobre el uso de los ficheros informáticos. Pero la pretensión de registrar la "ideología en sentido amplio" de los candidatos a delegados sindicales entraña, según la sentencia del TSJ, "tanto un claro, indubitado, grave y directo ataque al derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución, como una vulneración esencial del derecho fundamental precisado en el artículo 16.2, en el que se preceptúa que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias". La sentencia concluye que "se está produciendo un ataque al derecho a la intimidad y a la libertad ideológica".

El tribunal desestima, sin embargo, la segunda parte del recurso de la FSP de UGT, que pretendía eliminar la mención a la adscripción sindical de los candidatos. La sentencia establece que "aún cuando la pertenencia a una agrupación o asociación política, o sindical, o cultural o religiosa determina y presupone de hecho una concreta ideología" que los candidatos "se ven obligados a declarar", el hecho de que "las circunstancias" se refieran precisamente a las elecciones sindicales "lleva implícita la renuncia" de los aspirantes a representantes de los trabajadores a ocultar su pertenencia a un sindicato concreto.

Así, el tribunal considera que la orden no vulnera "el derecho de libre sindicación", que la FSP de UGT consideraba lesionado en su recurso.

La orden de la Consejería de Empleo atribuía la custodia del fichero informático de representantes sindicales a la dirección general de Trabajo y preveía la cesión del registro informatizado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Agria polémica

La publicación de la orden generó una agria polémica política. La oposición parlamentaria denunció la agresión a la intimidad de las personas y la oculta intención de la Generalitat de disponer de datos sobre los funcionarios desafectos al color político del Consell para coartar la libertad de acción sindical.

La iniciativa de la Consejería de Empleo venía avalada por un decreto previo, elaborado por el entonces subsecretario para la Modernización de las Administraciones Públicas, José Emilio Cervera, sobre el tratamiento informatizado de datos personales. La Consejería de Economía y Hacienda fue la primera que aprovechó la iniciativa para registrar a todo el personal al servicio de la Generalitat Valenciana.

El propio Cervera se apresuró a aplicar su propio decreto en la Consejería de Sanidad, que ocupa en la actualidad, y en diciembre del año pasado decidió reunir en un único registro de soporte informático datos clínicos especialmente sensibles recogidos hasta entonces en una treintena de archivos dispersos.