El fiscal reclama a 39 gasolineros los 5.500 millones que estafaron

La Fiscalía de Madrid ha pedido que los responsables del Grupo Villanueva, implicado en el llamado fraude de las gasolineras, devuelvan los 5.500 millones de pesetas que presuntamente estafaron a los consumidores durante la última década al servirles un 5% menos del combustible que pagaban. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público reclama penas de hasta nueve años de cárcel para 39 directivos y encargados de las estaciones de servicio.

El fraude de las gasolineras, denunciado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y EL PAÍS en enero de 1998, se acerca a su desenlace judicial. La Fiscalía de Madrid, que dirige Mariano Fernández Bermejo, ha presentado ante el juzgado de instrucción número 45 de la capital un escrito en el que solicita la apertura de juicio oral contra 39 personas: 18 directivos de las sociedades concesionarias de las estaciones de servicio y 21 encargados y mecánicos.Para los primeros, reclama penas de nueve años de cárcel y 18,9 millones de pesetas de multa, por sendos delitos de estafa y contra los consumidores. Para los segundos, cuatro años y nueve meses de prisión y 900.000 pesetas, por los mismos delitos.

Además, reclama "el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas", que cifra en casi 5.500 millones de pesetas durante la última década. Aunque reconoce que el fraude venía cometiéndose desde mucho antes de 1988, aplica la prescripción a los delitos anteriores a dicha fecha.

También abre la vía para que sean indemnizados no sólo quienes se han personado en el procedimiento, sino cualquier perjudicado que presente las facturas cuando se ejecute la sentencia.

El escrito, elaborado por el fiscal de Consumo y Medio Ambiente, Emilio Valerio Martínez de Muniain, considera probada la estafa por parte de 15 sociedades, algunas concesionarias de varias gasolineras, de las provincias de Madrid, Toledo y Albacete.

Aunque cada sociedad tenía su propio consejo de administración, todas formaban un holding -el principal grupo gasolinero de España, después de las compañías petroleras- encabezado por el empresario Francisco Javier Villanueva Aranguren.

El mecanismo fraudulento, conocido en el argot del sector como bicho, fue diseñado e instalado por los mecánicos de confianza del grupo y permitía "servir una menor cantidad de combustible que la realmente facturada".

Para ello, se rompieron los precintos reglamentarios de los surtidores y se interfirieron y alteraron los impulsos eléctricos que transmiten al contador, situado en la parte superior, a la vista del público, la cantidad de combustible suministrada por la manguera. Una derivación de este circuito fraudulento llevaba, a través de un cableado subterráneo, hasta un habitáculo oculto de la estación de servicio. Desde allí, el encargado controlaba el sistema mediante un sincronizador y unos contadores mecánicos que reflejaban la cantidad de gasolina realmente servida al cliente.

Un 5% menos

Aunque el mecanismo permite fijar a voluntad el porcentaje del fraude, agrega el escrito, "los acusados acordaron mantenerlo, de manera común a todas las estaciones de servicio, en aproximadamente el 5%, cifra que debía considerarse óptima para ser eludible en las percepciones del consumidor".

Si algún usuario protestaba, al encargado le bastaba con desconectar el sistema mediante un interruptor, instalado en el mismo habitáculo en el que se guardaban las medidas reglamentarias, para que las mediciones resultaran correctas. Las quejas de los clientes eran, según el fiscal, "el único medio de control, dada la absoluta ausencia de controles por parte de la Administración".

El escrito insiste más adelante en esta idea al explicar que, una vez destapado el escándalo, los acusados procedieron a una "retirada apresurada" de las partes del mecanismo que podían eliminarse con discreción; en concreto, el sincronizador. Sin embargo, mantuvieron "la conexión del circuito ilegítimo en la placa eléctrica", con la seguridad que les daba saber "que las inspecciones de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid tenían un carácter absolutamente formal, no procediéndose nunca a comprobar el estado de los precintos, a pesar de que para ello bastaba con levantar la tapa inferior del surtidor".

El mecanismo defraudatorio, que afectaba a la práctica totalidad de las mangueras de los surtidores, fue descubierto en agosto de 1997 por dos empleados de una gasolinera de Majadahonda (Madrid), los hermanos Óscar y Jesús Bugliot Utrera, quienes lo denunciaron a EL PAÍS, que lo puso en conocimiento de la organización de consumidores.

Estudio de la OCU

La OCU encargó un estudio en la Comunidad de Madrid que arrojó resultados "muy concluyentes", según el fiscal: "En todas las estaciones de servicio que luego resultaron ser afectas al grupo se dejaban de servir volúmenes superiores siempre al 4% del combustible abonado". Tres días después de la denuncia, el 15 de enero de 1998, funcionarios de la Brigada de Delincuencia Económica, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, descubrieron cableados fraudulentos en tres gasolineras de Madrid, ampliándose la lista en días sucesivos a otras de la capital y Castilla-La Mancha.

Para calcular el montante del fraude, la fiscalía ha aplicado el 5% sobre el combustible suministrado por las petroleras a las estaciones de servicio, teniendo en cuenta el número de surtidores manipulados y el precio. La cifra resultante se aproxima a los 5.500 millones de pesetas para el periodo 1988-98, teniendo en cuenta que solo una de ellas roza los 100 millones anuales.

El fiscal no imputa delito fiscal, aunque obviamente ese dinero no fue declarado a Hacienda.