Propietarios de Matalascañas ganan un recurso sobre el valor catastral

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) ha dado la razón a la Asociación de Propietarios de Matalascañas (Huelva), que consideró indebidas las valoraciones catastrales elaboradas en 1995 por el Gobierno central para seis municipios onubenses. La resolución responde a una serie de recursos presentados hace cinco años y tiene efectos retroactivos. Pero el Ejecutivo central entiende ahora que únicamente hay que devolver el dinero a los 197 propietarios que recurrieron.

Sin embargo, frente a los dos centenares de recurrentes, hay 83.000 vecinos afectados por el cobro irregular del catastro. El Gobierno, al eludir el pago de todos los valores indebidamente aplicados se ahorra unos 2.000 millones de pesetas, según el presidente de los propietarios de Matalascañas, Juan Hurtado.Los propietarios reclaman al Gobierno central una salida negociada al conflicto y que se trate a todos por igual. Hay personas que en estos cinco años han pagado a Hacienda entre 20.000 y 100.000 pesetas anuales más de lo que legalmente les corresponde, según Juan Hurtado.

Los municipios en los que se ha cobrado mal el catastro son los siguientes: Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbría, Lepe, Ayamonte y Almonte -al que pertenece la playa de Matalascañas-. En estas localidades se distribuyen al año un total de 82.833 recibos. La diferencia en pesetas entre los dos recibos, el erróneo y el correcto, según los años en los que se han aplicado mal los valores asciende a 1.957.206.000 pesetas, según el cálculo realizado por la Asociación de Propietarios de Matalascañas.

Este colectivo ha mantenido durante estos años un pulso directo con el Gobierno: "Nos parece asombroso, discriminatorio y anticonstitucional que el Gobierno pretenda cobrar a unos vecinos más que a otros. La medida, estamos convencidos, debe extenderse a todos los municipios en los que se han aplicado irregularmente los valores".

Juan Hurtado añadió: "El Gobierno discrimina a aquellos ciudadanos que no han recurrido, dando un valor discrecional a la aplicación de la ley y demostrando que este Ejecutivo sólo sirve para aquellas personas que recurren o protestan, pero el resto de ciudadanos, que por motivos de imposibilidad económica o de desconocimiento de la ley no realizan este tipo de actuaciones, se quedan al margen de la justicia. Así se demuestra que la justicia no es igual para todos".

El Gobierno ha planteado que la aplicación de la resolución sería lesiva para los intereses de España. El presidente de los propietarios de Matalascañas no piensa así: "Se demuestra que el Gobierno intenta no decir la verdad en cuanto a la realidad de esta mala aplicación del catastro y sus consecuencias e intentan apropiarse indebidamente de unas elevadas cantidades de dinero de los ciudadanos de la provincia de Huelva", concluyó.