La Fiscalía denuncia a una empresa de ayuda social por sus contratos irregulares
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha denunciado ante el juzgado de guardia de Valencia a una empresa dedicada a la asistencia domiciliaria a ancianos por, supuestamente, violar los derechos de sus trabajadores. Según las primeras pesquisas del ministerio público, la firma en cuestión, La Cruz Azul, con sede en Valencia, contrataba a sus trabajadores como personal dedicado a labores meramente domésticas cuando, en realidad, su tarea era cuidar, vigilar y asistir a las personas de la tercera edad que pagaban por sus servicios. La Cruz Azul cobra 180.000 pesetas al mes por atender a sus clientes durante 24 horas al día. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ya investiga la denuncia de la Fiscalía. Su titular, José Manuel Ortega, ha solicitado diversa documentación a la empresa, básicamente con el objeto de acotar su investigación. En principio, el trabajo del magistrado no se centrará en la atención que presta la firma, aparentemente impecable.
La primera investigación sobre La Cruz Azul nació en vía administrativa. Un inspector de trabajo detectó que las trabajadoras de la firma -las mujeres copan la práctica totalidad de la plantilla- trabajaban bajo dos regímenes contractuales. Uno, por el que desempeñaban labores similares a las de los auxialares de enfermería. Otro, por su papel como empleadas del hogar. El inspector considera ilegal esta fórmula contractual.
Por contra, el gerente de la empresa, Manuel Gordillo, la considera totalmente legal. "En muchos casos nuestras trabajadoras están durante todo el día en casa de los clientes, por lo que durante una parte de la jornada trabajan como asistentes sociales y durante el resto se encargan de las labores propias del hogar", desde la limpieza hasta la cocina.
"Desde nuestro punto de vista", añade Gordillo, "no hay irregularidad alguna en utilizar dos contratos diferentes para dos tareas diferentes". La Cruz Azul es una de las empresas pioneras en la asistencia social a domicilio. Desde 1994, sus cerca de 20 empleadas trabajan con el apoyo de médicos, fisioterapeutas o podólogos en un sector en el que, según fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, operan muchas compañías que no cumplen los requisitos legales, lo que se traduce directamente en una asistencia insuficiente a los clientes de este tipo de iniciativas: personas mayores o discapacitadas que, aunque vivan con sus familares o no, requieren de atención durante todo o parte del día.
