Menchú se expone a una pena de hasta 20 años por "traición a la patria"

Una querella presentada ayer contra la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y las personas que le acompañan en su demanda contra ocho ex presidentes y generales guatemaltecos en la Audiencia Nacional española pide que Menchú y sus colaboradores sean condenados a penas de prisión de entre 10 y 20 años por un delito de traición a la patria.

La inculpación contra la activista maya, a la que se acusa de pretender devolver este país centroamericano al colonialismo español, viene contenida en una querella cursada a la Fiscalía General de la República por el abogado y notario Julio Cintrón Gálvez, y admitida por la fiscalía, que dirige Cándido Bremer. Este letrado defendió anteriormente a militares cuya comparecencia ante los tribunales reclamaban familiares de víctimas de la cruenta guerra interna concluida en 1996 con un saldo de 200.000 muertos o desaparecidos. En esta ocasión insta a la Fiscalía a que investigue y persiga a la Nobel, y al tribunal correspondiente, a que condene "tan deleznables hechos", en referencia a la iniciativa de preferir un tribunal español a los nacionales. De acuerdo con el texto de la denuncia de Cintrón, al que ha tenido acceso este diario, el hecho de que Menchú haya pedido a una instancia española -al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco- que ejerza jurisdicción en Guatemala, significa que "sometería totalmente a dominio extranjero el territorio nacional. Definitivamente, sin lugar a dudas, compromete nuestra soberanía y atenta contra la unidad nacional, cuanto que el caos jurídico de Guatemala sería de una magnitud tal que volveríamos al coloniaje español, finalizado el 15 de septiembre de 1821". Apoya su argumentación en las obligaciones y penas establecidas en el Código Penal contra quienes pongan en peligro la integridad del Estado o tiendan a menoscabarla comprometiendo su soberanía.

No es aislada la iniciativa del abogado guatemalteco, contrario a que oficiales y jefes implicados en los excesos cometidos durante un conflicto civil de casi 39 años entre Ejército y guerrillas, en el que la población civil puso en el mayor número de vidas, sean conducidos a los tribunales. Cintrón ya actuó en la primera fase de la instrucción de caso Xaman, población en la que, el 5 de octubre de 1995, once indígenas q'eqchies murieron a manos de una patrulla militar. Defendió a 23 militares acusados de participar en la matanza de la aldea de Dos Erres, en el año 1982, e intervino en el caso Bámaca. El jefe guerrillero Efraín Bámaca fue detenido por el Ejército durante las negociaciones de paz, abiertas en 1990. Al arreciar las reclamaciones a favor de su liberación, sus captores, según la parte litigante, decidieron matarlo antes que admitir su detención y tortura. No se permitió la exhumación del cadáver.

El abogado, cuya demanda data de diciembre de pasado año, poco después del viaje de Menchú a Madrid, evita pronunciarse sobre los aspectos ideológicos de la iniciativa de su compatriota, y subraya que ésta infringe, entre otros códigos, el derecho a la defensa de los acusados, pues se supone que deberán hacerla en España, bajo leyes españoles y bajo el patrocinio de abogados españoles. Cintrón, además de invocar la nulidad absoluta de los procedimientos interpuestos por las organizaciones de derechos humanos, alerta contra la existencia de un ataque en toda regla al sistema jurídico guatemalteco a cargo de quienes, "con ejemplos muy pobres, de los que se ha llamado globalización jurídica, pretenden hacer política en Guatemala traicionado todo un sistema nacional, sin reparar en algo que desconocen por completo que se llama dignidad".

Los abogados de los ocho reos señalados por la premio Nobel de la Paz de 1992 examinan la situación para eludir los eventuales edictos en su contra. Se trata de los generales retirados Efraín Ríos Montt, dictador entre 1982 y 1983, hoy presidente del Congreso de Guatemala después de haber ganado su partido las elecciones de diciembre pasado; Óscar Humberto Mejía, jefe del Gobierno golpista de 1983 a 1986, no ha emitido opinión alguna, no interpondrá acciones de momento contra Menchú y dice no haber recibido notificación legal alguna. "Me enteré por la prensa", declaró. Completan la relación Fernando Romeo Lucas García (1978-82), Ángel Anibal Guevara, Benedicto Lucas García, Donaldo Álvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona y Pedro García Arreondo. Diferente es la situación de Fernando Romeo Lucas, con domicilio en Venezuela, y de su ex ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, que viaja frecuentemente a Miami.

Los abogados y activistas de derechos humanos que trabajan para documentar con pruebas la querella de Menchú, sumaron a los primeros casos concretos otros más generales. A los militares buscados por el juez Ruiz Polanco, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), integrado por familiares de desaparecidos y parte querellante, les atribuye el asesinato o desaparición forzosa de 90 catedráticos, 314 estudiantes universitarios y 200 sindicalistas.