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El Ayuntamiento relativiza la presión de los 'asustaviejas' en el casco antiguo de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz cree que el problema de los asustaviejas en el casco antiguo de Cádiz es un problema menor. La primera campaña informativa dirigida a los inquilinos que residen en la zona histórica se saldó con medio centenar de consultas a los servicios jurídicos municipales.De ellas, sólo seis pertenecían a ciudadanos que se sentían presionados para abandonar sus viviendas por personas que trabajan para empresarios con intereses inmobiliarios en el casco y que instan con amenazas más o menos sutiles a residentes de avanzada edad con alquileres de renta baja a dejar sus viviendas.

El Ayuntamiento, que ha puesto en marcha una segunda campaña informativa, cree que el problema "o es mucho menor de lo que se creía" o "los afectados no acudieron a denunciarlo", explicó ayer Maribel Bueso, concejala de Urbanismo, quien, no obstante, recela de la segunda posibilidad.

Al contrario, de la experiencia de la primera campaña, la responsable política del área extrae como conclusión que "algunos vecinos interpretan que una simple actualización de la renta es que los quieren echar de la vivienda".

La mayoría de las dudas se generan en pensionistas que reciben con temor el anuncio de la subida del alquiler, que se sitúa, por lo general, en cantidades ínfimas tras décadas de arrendamiento. La inquietud por un posible desahucio es el asunto que más preocupa a las personas que acuden a la Oficina de Rehabilitación municipal, donde reciben información puntual sobre sus derechos en cada caso.

Prácticas ilegales

Aunque en el caso de los pensionistas con ingresos pequeños el incremento previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no es aplicable, el Ayuntamiento, que ha censado unas 3.000 infraviviendas en el casco histórico, considera que la desinformación sobre la LAU es el resquicio que aprovechan los asustaviejas para sus prácticas ilegales.

La primera campaña informativa que articuló el Ayuntamiento fue provocada por las protestas de varios colectivos vecinales, que denunciaron la presión de algunos empresarios del sector inmobiliario para desalojar viviendas de renta antigua y sacarlas al mercado una vez rehabilitadas o a través de alquileres actualizados.

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