La deuda de la televisión y la radio catalanas se dispara a 105.000 millones El director general insta al Parlamento autonómico a asumir la liquidación

Miquel Puig, desde hace un mes director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) -que administra TV-3 y Catalunya Ràdio-, admitió ayer en el Parlamento catalán que los medios audiovisuales de la Generalitat arrastran una deuda de 105.000 millones de pesetas. Puig se comprometió a no incrementar dicha cifra en este ejercicio, pero pidió a la Cámara autonómica que asuma el endeudamiento acumulado.

En su primera comparecencia ante la comisión parlamentaria de control de la CCRTV, el director general dijo que sería "ingenuo" por parte de su departamento el plantearse abordar la liquidación de la deuda histórica de la televisión y la radio autonómicas. "El Parlamento debe darnos una solución", dijo a los diputados. La deuda de los medios audiovisuales de la Generalitat ha registrado en los últimos cuatro años un incremento espectacular: ha pasado de 44.961 millones en 1996 a los 105.000 millones en que se encontraba a finales de 1999. Desde el organismo que agrupa a la radio y la televisión catalanas se ha venido justificando esa tendencia ascendente en función del modelo de financiación pública de TV-3 y Catalunya Ràdio adoptado en los últimos años por el Gobierno de Jordi Pujol, mediante avales para la consecución de préstamos en lugar de la subvención directa.

Puig aprovechó el foro parlamentario para anunciar que este año el Ejecutivo autonómico ha modificado aquel planteamiento. La subvención que dicho organismo recibirá en el actual ejercicio se eleva a 18.829 millones de pesetas, casi un 40% del presupuesto, que suma 48.029 millones. Los ingresos previstos por publicidad suben a 20.000 millones. "Preferiría anunciar que la deuda va a disminuir, pero lo único que puedo garantizar es que no aumentará", dijo Puig a los diputados.

El director general dejó claro que, a efectos económicos, su primer año al frente de la CCRTV es una etapa de tránsito, durante la cual efectuará "un diagnóstico" encaminado a lograr, a partir del año 2001, un contrato-programa con la Generalitat que asegure la financiación pública de los medios audiovisuales autonómicos. Puig apuntó que juzga imprescindible el citado contrato-programa. Y reiteró una promesa hecha antes al consejo de administración de la CCRTV: "Si no lo consigo , dimitiré".

Para convencer a la Generalitat de que es necesario este sistema de financiación estable, TV-3 y Catalunya Ràdio deben demostrar que son "eficaces". Y especificó que se refería concretamente a que han de captar más audiencia -el mes pasado, TV-3, con un 21,5% de cuota, fue la segunda cadena más vista en Cataluña después de Antena 3, que obtuvo un punto más- y abaratar costos .

Aunque sea en castellano

"Actualmente", aseguró el director general, "nuestros costes son más caros que los de cualquier televisión española, sea pública o privada". Y abundó: "Tenemos demasiada plantilla y demasiado talento para tan poca audiencia".

Una de las maneras que se le ha ocurrido a Puig de reducir costos es el incremento de la producción propia -"aunque sea en castellano"- y vender los productos a terceros. También recordó el director general que, además del ajuste económico, tiene entre manos otro asunto: probar a la Comisión Europea que los medios públicos catalanes precisan la doble financiación (subvenciones y publicidad). Para ello, habrá de convencer a Bruselas de que se trata de un servicio público con una oferta -íntegramente en lengua catalana- que el sector privado no satisface.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios dieron un voto de confianza al director general, de quien alabaron el "estilo". Sólo hubo una intervención que incomodó a Puig. Desde las filas socialistas, Joan Ferran le recordó que sería bueno el relevo del equipo directivo de TV-3 y Catalunya Ràdio. "Les pido que respeten la facultad sagrada del director general de hacer su equipo. Creo además que de este tema no deberíamos hablar", zanjó Puig, cuyo nombramiento se hizo previo consenso político.