Educación destina 17.400 millones a los conciertos con los colegios privados

El Departamento de Educación destinará 17.400 millones de pesetas (104,5 millones de euros) para financiar los conciertos con los colegios privados durante el primer tramo del próximo curso escolar 2000-2001, es decir, para el periodo que va desde septiembre a diciembre. El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión de ayer a la orden por la que se convoca la suscripción y renovación de conciertos.Así, se ha abierto el plazo para que los centros docentes privados, de niveles de enseñanza no universitaria, que tengan concierto en vigor lo renueven o para que los que no dispongan de él puedan suscribir uno nuevo. Los conciertos educativos tienen un presupuesto económico para el periodo septiembre-diciembre de 8.200 millones para los colegios de enseñanza infantil y primaria y de 9.200 millones para los de enseñanza secundaria. Esta fórmula permite a los padres de los niños que cursan estudios en colegios privados pagar una cifra sensiblemente inferior a la que tendrían que desembolsar de no mediar un concierto.

Casi el 25% del presupuesto del Departamento de Educación se va en el pago de los conciertos, que permiten financiar los gastos de gestión de los centros, como el pago de los profesores. En la actualidad, los alumnos vascos se reparten casi de forma equitativa entre las dos redes de enseñanza: un 49% de los escolares está matriculado en la privada concertada y un 51% en la red pública.

Vulneración de derechos

Por otra parte, el Partido Popular avivó ayer la polémica en torno a la decisión de la consejería de exigir el dominio del euskera a la plantilla que integra los centros de apoyo al profesorado. El parlamentario popular Iñaki Oyarzabal ha acusado al consejero de Educación, Inaxio Oliveri, de "vulnerar derechos fundamentales" y de "supeditar la enseñanza a criterios políticos" por su anuncio de modificar los requisitos lingüísticos de acceso a estos servicios de aoyo y formación de los docentes.

Oyarzabal ha presentado una interpelación parlamentaria para que Oliveri explique su decisión, que se suma a otra iniciativa en la Cámara, una proposición no de ley, planteada por el PSE, que reclama la marcha atrás a la postura del Gobierno.

El departamento ha optado por reestructurar su red de centros debido a las nuevas exigencias que plantea el sistema educativo actual. Su intención es dotar a los nuevos servicios de asesores en nuevas tecnologías y en formación para la convivencia. Además, ha elaborado un decreto por el que se exigirá la acreditación inmediata del perfil lingüístico 2 (PL 2) -que permite dar clases de euskera o en euskera- al 85% de los profesores que ocupen las nuevas plazas, mientras que al 15% restante se le concederá un plazo de cinco años para que dominen el idioma cooficial. Ahora, un 38% de las plazas tiene asignado el perfil lingüístico 1 (PL 1), que sólo permite conocer el euskera, pero no otorga destrezas para dar clases en ese idioma. Según Oyarzabal, existe un "notorio malestar entre el personal de apoyo al profesorado, en el que ha cundido la incertidumbre". "Es muy grave", añadió, "que se haga una modificación así de espaldas al Parlamento".