El ministro de Agricultura paraliza las demandas del campo hasta la constitución del nuevo Gobierno

Los problemas más acuciantes del campo valenciano, como la sequía y la subida de los precios del gasóleo y de los fertilizantes, tendrán que esperar a la constitución del nuevo Gobierno de José María Aznar para su estudio. El ministro de Agricultura en funciones, Jesús Posada, quien despachó el lunes con las organizaciones agrarias españolas Asaja y COAG, donde están integradas la Asociación Valenciana de Agricultores y la Unió de Llauradors i Ramaders, respectivamente, se comprometió a mantener el diálogo pero no asumió ninguna reivindicación. La incertidumbre sobre su continuidad en el cargo, según explicó a los representantes agrícolas, ha paralizado la gestión en esta área. El ministro sólo se comprometió a reducir el IRPF en las producciones de arroz y cítricos, y dejó también en espera la aprobación de la ley de agricultura y desarrollo rural y los planes hidrológico y de regadíos. Según Salvador Hervás, de la Unió de Llauradors, "esa falta de compromisos firmes obliga a COAG a mantener las movilizaciones de los días 15 y 27 de abril en Madrid", manifestaciones en las que está prevista la participación de agricultores valencianos. En la concentración del día 15, se exigirá el mantenimiento de las ayudas para los frutos secos, ya que la pérdida de las subvenciones supondría dejar de percibir 21.000 millones, mientras que el día 27 se protestará contra la subida de los precios de los fertilizantes agrícolas y del gasóleo.

Por su parte, el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, afirmó que hay una coincidencia amplia entre las organizaciones agrarias en estas reivindicaciones, y destacó la necesidad de que la Comisión Europea apruebe un plan de ayudas contra la sequía.

Decreto contra la 'pinyolà'

Por otra parte, el Gobierno valenciano aprobó ayer un decreto para limitar la polinización cruzada en las plantaciones de cítricos (la pinyolà). La principal actuación es la imposición de una distancia mínima de cinco kilómetros entre las colmenas y las plantaciones, retirada que será obligatoria en la época de floración de los cítricos y que se fija entre el 1 de abril y el 31 de mayo. Este punto ya fue criticado en su día por la Unió de Llauradors, que planteaba una distancia de un kilómetro y la realización de un censo citrícola para sentar las bases para desarrollar una normativa de distancias mínimas.

Otro punto del decreto es la concesión de subvenciones a los apicultores, de hasta 4.500 pesetas por colmena, para compensar las pérdidas derivadas del cambio de ubicación de las colmenas, ayudas que serán proporcionales al número de colmenas.