Suspendida la cooperación policial con España
El Gobierno de Guatemala ha procedido a suspender los programas de cooperación con España para la formación de la nueva Policía Nacional Civil (PNC) que impartían instructores de la Guardia Civil española, en represalia por la decisión de la Audiencia Nacional española de abrir una investigación sobre crímenes cometidos por la dictadura militar guatemalteca.El proyecto de policía civil guatemalteca comenzó en 1997 con financiación y asesoría de España, que destinó 49 guardias civiles a la recién creada academia policial. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, visitó el pasado mes de noviembre Guatemala para reiterar el compromiso de España en la seguridad ciudadana de la región. España tuvo un papel destacado en el acuerdo de paz entre la guerrilla y el Gobierno guatelmaltecos y ha invertido varios miles de millones de pesetas en diferentes proyectos de cooperación para consolidar el proceso de paz. El Gobierno y la ex guerrilla de Guatemala recibieron además el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1997 por la firma del llamado Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
El Ministerio de Asuntos Exteriores se limitó ayer a expresar su respeto por las decisiones judiciales y aseguró que se cumplirán las gestiones que le encomiende la justicia, sin entrar a opinar sobre el fondo de la decisión de la Audiencia Nacional. El ministro Abel Matutes, que ayer intervino en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas -en la que España ha vuelto a ocupar uno de sus 56 puestos- hizo en su discurso una referencia indirecta a la contribución española al proceso de paz guatemalteco. Al reseñar la contribución española a los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a diversos conflictos, hizo referencia a los del áerea iberoamericana. "Felizmente, algunos viejos enfrentamientos han encontrado caminos de solución y convivencia en paz. Ése es el caso de Guatemala y El Salvador, y esperamos que sea también pronto el de Colombia" afirmó. En Exteriores se considera que la apertura de una nueva investigación judicial "dificulta enormemente la labor diplomática de España en los procesos de paz en Iberoamérica".
España sufrió directamente los excesos de la dictadura guatemalteca en el asalto a su Embajada el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, entre ellas el primer secretario, Jaime Ruiz del Árbol, y que originó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
