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URBANISMOCUATRO ACTIVISTAS SE ENCADENARON A LOS BANCOS

La edificación de viviendas en las Salinas causa la protesta de los ecologistas en el pleno de Elche

Cerca de un centenar de ecologistas interrumpieron ayer, en señal de protesta, el pleno del Ayuntamiento de Elche en el que se otorgó licencia de construcción a 1.185 viviendas en el parque natural de las Salinas de Santa Pola. El encadenamiento de cuatro ecologistas, así como los gritos, pitidos y acusaciones de "especuladores", obligaron a suspender en dos ocasiones la sesión. Los conservacionistas creen que la urbanización dañará el paraje, mientras que el gobierno local defiende el proyecto porque "cuenta con los informes favorables y el impacto ambiental es mínimo".

"El Ayuntamiento de Elche cobrará del especulador: por la destrucción de las Salinas". Este lema, escrito en el reverso de cientos de billetes de 1.000 pesetas, inundó el salón municipal ante el asombro de los miembros de la Corporación. La nutrida presencia policial, por si había que desalojar la sala, fue descartada, según el alcalde, Diego Macià, para no empeorar la situación. El munícipe ofreció la posibilidad de pronunciarse en el pleno a Adolfo Quiles, representante de la plataforma que agrupa a la Sociedad Española de Ornitología, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Margalló y L'Alguer. Pero éste rechazó la propuesta al considerar que ya se habían expuesto las opiniones, y las alegaciones contra la urbanización no habían logrado efecto alguno.

Los grupos conservacionistas creen que la construcción dentro del perímetro de protección del parque natural supondrá la "degradación" de la vegetación, con un efecto negativo para las aves, en una zona de protección dictada por la directiva europea. "Ni la Consejería de Medio Ambiente, que ha emitido informes de impacto ambiental favorables, ni el Ayuntamiento han demostrado el mínimo interés en evitar una agresión de tal calibre", afirman.

Los socialistas alegan la costosa indemnización que supondría la retirada de las licencias urbanísticas, ya que el propietario "tiene derechos adquiridos". La opinión de los ecologistas es que el Consistorio pretende urbanizar por completo la franja costera de la pedanía de La Marina, uno de los últimos enclaves vírgenes del término municipal. Según su opinión, el edil de Medio Ambiente, Andrés Amorós, "defiende los intereses urbanísticos como si se tratara de un constructor".

El plan parcial del área ha sufrido diversas variaciones que se han dictado desde la consejería. Aún así, los informes concluyen que, pese a las mejoras a realizar, el impacto de la urbanización será "elevadísimo". Macià, en cambio, señaló que las medidas correctoras "permiten construir sin dañar el ecosistema". En medio de gritos y pitidos, la urbanización fue aprobada con los votos del PSPV, la abstención del PP, y el voto en contra de EU.

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