La oposición dice en Málaga que es ilegal recortar los poderes al interventor

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE e Izquierda Unida, han cuestionado la legalidad de la medida adoptada por el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Aguilar, de quitar las principales funciones al interventor municipal, Carlos Claros. Ambas formaciones coinciden en que las competencias de los funcionarios con habilitación nacional, como es el caso de los secretarios e interventores de ayuntamientos, están reguladas por ley y no pueden ser modificadas arbitrariamente por los gobiernos locales. El PSOE incluso ha solicitado un informe sobre la legalidad de la medida antes de que el equipo de gobierno dé cuenta de ésta en la comisión de Economía y Hacienda que se celebrará hoy. Los socialistas han mostrado su extrañeza por el hecho de que para el cambio de adscripción del área de gestión contable, que a partir de ahora dependerá directamente del Economía y Hacienda y no de Fiscalización, el teniente de alcalde Francisco Aguilar haya pedido consulta al departamento de Personal y no a la Secretaría, que es habitualmente la encargada de realizar los dictámenes jurídicos.

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (7/1985) establece en su artículo 92.3 que "el control y la fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación" son funciones necesarias en todas las corporaciones locales "cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional". El mismo artículo sí contempla que éstas atribuciones puedan ser atribuidas a miembros de la corporación o funcionarios sin esta habilitación, pero solamente "en aquellos supuestos excepcionales en que así se determine por la legislación del Estado".

Cambio de favores

El PSOE concluye que la ley es suficientemente clara y no permite a ningún concejal tomar medidas restrictivas de las funciones de los interventores. El teniente de alcalde delegado de Economía y Hacienda ha justificado la medida en la necesidad de "conseguir una mejor coordinación entre los distintos servicios adscritos" a su delegación.

IU por su parte ha interpretado que existe un "cambio de favores" entre los concejales de Hacienda y Personal. Explica la federación que el responsable de este último área, Manuel Ramos, ha dictado un informe favorable a los intereses de su compañero Aguilar para deshacerse del interventor. Carlos Claros ha informado desfavorablemente algunas de las actuaciones del Ayuntamiento, en particular el precio acordado con las empresas privadas para municipalizar el servicio de cementerios Parcemasa. Aguilar, por su parte, ha cesado al gerente de la sociedad de gestión tributaria, que tiene dictado un embargo contra el edil Ramos por impago de tasas e impuestos municipales.