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Farreres ve una maniobra política en la denuncia del 'caso Pallerols'

La Sindicatura afirma que no dispone de medios para investigar

El presidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Ignasi Farreres, calificó ayer de "maniobra política para desgastar a Unió" la difusión de información sobre un supuesto desvío de fondos del Departamento de Trabajo para la formación de parados a favor de militantes de su partido. El ex consejero de Trabajo insinuó que esta estrategia pretende desprestigiar al líder del partido Josep Antoni Duran Lleida debido al creciente peso que va adquiriendo para la sucesión de Jordi Pujol.

"No deja de ser sospechoso este ataque en toda regla a un partido y a un líder en un momento en que se cree que este partido [Unió Democràtica] y este líder [Josep Antoni Duran Lleida] pueden ser muy útiles con vistas al fututo dentro de la coalición", declaró Farreres durante la inauguración del X Congreso de Unió de Joves, la rama juvenil de la formación democristiana.Aunque no fue más explícito, el ex consejero se refirió al papel que puede desempeñar Unió "dentro" de CiU en un momento en que los dos partidos intentan afianzar a sus respectivos líderes para hacerse con el control de la coalición. El congreso de los jóvenes de Unió incluso aprueba este fin de semana el documento de estrategia política en el que se apuesta claramente por Duran para suceder a Jordi Pujol y se propone un reparto paritario de cargos entre UDC y CDC, en lugar de la actual cuota del 75% y el 25%.

El presidente de Unió añadió que su partido es el primer interesado en aclarar este asunto de presunta financiación ilegal a través de las ayudas para la formación de empleo, por lo que el caso se discutirá en el próximo congreso del partido, que se celebrará en otoño.

Un juzgado de Barcelona está investigando el presunto desvío de fondos. No obstante, hace más de un año el Parlament encargó a la Sindicatura de Cuentas que fiscalizara estas subvenciones y el uso que habían hecho de ellas los centros beneficiados.

Sin embargo, la Sindicatura asegura no disponer de los suficientes recursos humanos ni materiales para realizar esta investigación, según informaron a Europa Press fuentes de este organismo.

El síndico mayor, Ferran Termes, envió una carta a la Mesa del Parlament en la que comunicaba la falta de medios para poder realizar un control amplio. Por ejemplo, se citaba la falta de personal para poder llevar a cabo un muestreo significativo de encuestas telefónicas entre los usuarios de estos cursos para poder comprobar si realmente se realizaron.

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