La regularización de extranjeros se descentraliza para evitar colas

La Delegación del Gobierno en la Comunidad pretende impedir que se reproduzcan las escenas que se sucedieron a finales de enero en Alicante de interminables colas y cargas policiales en el proceso de regularización de extranjeros que hoy comienza y se alargará hasta el 31 de julio. Para ello, ha aumentado las oficinas, reforzado el personal y acordado convenios con municipios de Valencia y Alicante para descentralizar el proceso. Unas 19.000 personas se pueden acoger a la medida, según la delegación.

El delegado del Gobierno en la Comunidad, Carlos González Cepeda, repitió insistentemente ayer que el proceso de regularización es un objetivo "prioritario"que se tratará con "agilidad" y que el Gobierno no lo afronta como una "obligación". Cepeda trató de esta forma de desmarcarse de las críticas de organizaciones no gubernamentales y sindicatos que han acusado al delegado del Gobierno de pasividad y dejadez a la hora de afrontar el proceso y mostraron sus dudas ante las verdaderas intenciones del Ejecutivo debido a la voluntad manifestada por el Partido Popular de modificar la recién aprobada Ley de Extranjería, en la que se enmarca el proceso. "Si se lleva a cabo esta reforma, no debe ofrecer ninguna reticencia a este proceso", llegó a señalar Cepeda.El grueso de extranjeros que se encuentran en situación irregular y podrán acogerse a la medida se encuentra en Alicante: hasta 12.000 personas podrían solicitar acogerse al proceso de regularización en esta provincia. Para atenderlas, Cepeda, señaló ayer que además de las estancias de la subdelegación de Gobierno, se ha habilitado un local en la calle del Pintor Lorenzo Casanova así como las dependencias del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la calle de San Juan Bosco. Junto a ellas, se ha establecido un acuerdo con diversos municipios de la provincia con elevada presencia de inmigrantes para descongestinar la actividad de las tres oficinas de Alicante y acercar la documentación a las principales bolsas de población inmigrante.

En Valencia, ayer se daban los útimos retoques a la antigua tesorería del Instituto Nacional de la Seguridad Social, situado en la calle de Jesús 9, que hasta el 31 de julio se ocupará de forma exclusiva de atender a los inmigrantes que acudan a regularizar su situación y liberará de trabajo a la oficina de extranjeros. Cepeda señaló ayer que en esta provincia se espera la afluencia de unos 6.000 inmigrantes sin papeles que acudan a regularizar su situación. La oficina de la subdelegación del Gobierno en Castellón "será suficiente" para hacer frente a los 1.000 extranjeros que pueden acogerse a la medida en la provincia, por lo que descartó ampliar sus dependencias.

Junto a los nuevos locales, el delegado del Gobierno se refirió a la contratación de personal para reforzar las plantillas en las tres provincias. Entre auxiliares administrativos, ordenanzas y traductores, se han contratado 29 personas en Alicante, 5 en castellón y 19 en Valencia con contratos de 12 meses con cargo a los presupuestos generales del Estado y 17 funcionarios en Alicante, 13 en Valencia y 2 en Castellón con contratos de 12 meses cargados al Inem. Las oficinas de correos, sindicatos y ONG servirán también de centros de recepción de información, así como los puntos PROP de la Generalitat Valenciana, que servirán para descentralizar la recogida de solicitudes.

La descentralización es también la clave para atender a los 12.000 inmigrantes que deben regularizar su situación en Alicante, informa J. J. M. Galiana. Los ayuntamientos en los que estas personas podrán tramitar sus solicitudes son los de Almoradí, Dolores, San Miguel de Salinas y Cox en La Vega Baja; Benissa y Ondara en La Marina Alta; Benidorm y Callosa d'En Sarrià en La Marina Baixa; Bussot, Xixona y Mutxamel en L'Alacantí; Elda, Novelda y Monòver en el Vinalopó Mitjà y Elche y Santa Pola en el Baix Vinalopó.

La Oficina de Extranjeros continuará con sus tareas habituales, pero se verá reforzada por una oficina de gestión situada en el Paseo de Federico Soto, donde 15 funcionarios estudiarán y valorarán las solicitudes, que podrán presentarse también en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración central y en oficinas de Correos, según explicó Luis Garrido.